El viernes pasado se ha inaugurado el nuevo año judicial en medio de una tormenta de críticas por todas partes. Vaya por delante que no tengo formación jurídica, pero sé que la justicia, como todos los poderes del Estado, emana del pueblo según nuestra Constitución vigente, que en el artículo 1, apartado 2 dice “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”
Si todos se quejan de ese poder, ¿Quizás sea porque no funciona adecuadamente?
El jueves vimos en una reunión de VOX en las Cortes Generales, al magistrado que lo fue del Tribunal Supremo y con premonitorio apellido, el Sr. Borrego, vomitar críticas cachondeándose de algunas leyes aprobadas en las Cortes Generales, la sede de la soberanía nacional, pero eso no se considera interferencia del poder judicial en el legislativo.
En demasiadas ocasiones vemos a la justicia arrimando el ascua a los intereses políticos de la derecha y lo que es más grave para la democracia, también al incendio de la extrema derecha, casi siempre la subjetividad cae del mismo lado, el ejemplo más palmario es el del Juez Garzón que fue inhabilitado por atreverse a abrir una investigación sobre los crímenes de la dictadura franquista, aunque se utilizó otro caso para esa inhabilitación, un caso curioso, el caso Gürtell de corrupción del PP que todavía colea, el primer condenado fue el juez, díganme uno, solo uno, en el que eso mismo haya sucedido con un juez conservador.
Recuerdo que un juez expresidente del CGPJ nombrado por el PP declaró que el respeto a los distintos poderes del Estado es bidireccional, ni el ejecutivo, ni el legislativo deben intervenir en el poder judicial ni este, en los otros. Pero todos hemos visto en la televisión a jueces con sus togas manifestándose en las puertas de los juzgados contra la redacción de una ley, la de amnistía, que no les gustaba como iba a salir, ¿No es eso una intromisión del poder judicial en el poder legislativo?, El legislativo hace las leyes y el judicial las aplica, eso es lo que significa separación de poderes.
También hemos visto a jueces haciendo una huelga para protestar por una ley que afectará al acceso a la carrera judicial, pero, cosa curiosa, no hemos sabido cuantos secundaron la huelga, porque comunicar que iba a la huelga, solo lo hizo uno de los más de 6.000 jueces que hay en España, se supone que es al único que le descontaron el sueldo de ese día. Pensemos en cualquier conflicto laboral y veremos que siempre está la guerra de cifras entre la patronal y los trabajadores por el seguimiento de dicha huelga, pues bien, eso no cuenta si hablamos de los jueces y aquí también los medios de comunicación son responsables de no denunciar estos hechos o ¿Acaso son privilegios?
Ahora hemos visto a la oposición de derechas, exigiendo con toda su vehemencia al Fiscal General del Estado que no participe del acto de apertura del año judicial, algo que saben o deberían saber que es un acto en el que el Poder Judicial a través del Fiscal General del Estado está obligado a rendir cuentas ante la sociedad representada por la Jefatura del Estado y los poderes ejecutivo y legislativo. Si lo saben, y exigen que incumpla sus obligaciones, está muy mal, si no lo saben deberían dimitir de inmediato por no estar cualificados para el cargo que desempeñan y por el que cobran un salario de todos nosotros.
Esa misma oposición que ahora se rasga las vestiduras porque el Presidente del Gobierno ha dicho que hay jueces que hacen política, no se las rasgaron cuando ellos han criticado al Tribunal Constitucional, cuando se “lo arreglaban con la fiscalía”, cuando “controlaban la sala segunda del TS por la puerta de atrás” todas esas cosas las hemos oído todos en las noticias.
Los jueces no dejan de ser ciudadanos por ser jueces, tienen el mismo derecho que el resto de los ciudadanos a pensar libremente, a tener sus propias ideas políticas, a votar a quien les dé la gana, a asociarse con quien quieran, también tienen libertad de expresión como ciudadanos.
Algunos de esos derechos se ven restringidos cuando se ponen la toga, cuando actúan como jueces, como servidores públicos no pueden opinar según su criterio personal o su ideología, deben hacerlo cumpliendo la letra y el espíritu de las leyes y deben hacerlo de la manera más objetiva humanamente posible; Desgraciadamente para la sociedad, no siempre sucede así, a poco que nos paremos a observar, da la sensación de que algunos jueces están más interesados en influir en la política para favorecer a un partido en su lucha por el poder que en buscar la verdad y la justicia.
El tema del Fiscal General del Estado es flagrante, en un caso de fraude fiscal en el que se ve comprometida la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, un periódico afín al PP emite una nota pasada por el jefe de gabinete de la presidenta en la que supuestamente se vierten mentiras respecto al procedimiento, la fiscalía decide intervenir para corregir esa información falsa y emite una nota que así lo demuestra.
Las derechas políticas, mediáticas y judiciales se llevan las manos a la cabeza acusando al Fiscal General del Estado de haber hecho una filtración, todos sabemos que el periodismo de tribunales, vive de las filtraciones, se producen a diario según nos cuentan, pero en este caso concreto y no en otros, se decide perseguir al filtrador y se coloca la diana en el Fiscal General que les permitirá cobrar dos piezas, la del fiscal y la del Presidente del Gobierno, resulta que varios periodistas declaran bajo juramento que ellos tenían la noticia antes de que Fiscalía emitiera la nota pero el juez decide ignorar esas pruebas testificales y fiarse ¿De qué? ¿De su intuición? y nada más y nada menos que decide procesar a la alta magistratura ocasionando una erosión institucional sin precedentes.
Otra vez estamos ante un caso de presunto delito y/o fraude fiscal que afecta al PP y en el que el primero que se sienta en el banquillo es quien acusa, no el acusado, eso resulta incomprensible para el sentido común de cualquier ciudadano con un mínimo de pensamiento crítico y democrático.
Lo que estamos viendo cada día en las actuaciones del juez Peinado, es otro escándalo monumental, lleva más de un año tratando de buscar algo que pueda incriminar a la esposa del Presidente del Gobierno, a partir de una denuncia basada en informaciones periodísticas que se han demostrado falsas, es evidente que el interés no está en la esposa, sino en el Presidente.
¿Es esto una injerencia del poder judicial en el poder ejecutivo? Es conocido que este juez era propietario de una vivienda, sobre la que existen muchas controversias, sobre la construcción en terreno rústico, sobre cuando obtuvo la licencia de primera ocupación y parece ser que en el catastro figura como “almacén”, por otro lado, la hija de este señor es concejala por el PP en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en Madrid, parece evidente que este juez no debería estar encargado de ese caso y el CGPJ debería exigirle que presente pruebas concretas que avalen el caso o que lo archive.
A diferencia de estos casos, el de corrupción de Cerdán, Ábalos y Koldo, que afecta al PSOE avanza al parecer de manera normal y mantiene a Santos Cerdán en la cárcel, mientras el señor Aldama, involucrado en ese y otros casos mayores como el de los hidrocarburos, está en libertad. Resulta cuando menos “chocante”.
Es evidente que, como en todas las profesiones, no todos los jueces ni en todas las ocasiones aciertan, también es cierto que hay buenos y malos trabajadores en todos los sectores, pero ¿Quién sanciona a los que cometen un error o una falta? Cada año hay centenares de denuncias y solo prosperan unas decenas.
Supongo que los ciudadanos corrientes no serán los que ponen esas denuncias, más bien serán ciudadanos con dinero suficiente para pagar un bufete de abogados que se atreva a ir contra un juez, eso significa que esos centenares de denuncias podrían ser miles si todos fuéramos iguales ante la ley y no importara la situación de rentas o patrimonio de los ciudadanos para afrontar un pleito.
Todo esto lo digo basándome en el artículo 20 de la Constitución, que garantiza el derecho a expresar libremente nuestro pensamiento u opinión y por supuesto sin pretender interferir en el poder judicial, que debe hacer su trabajo de forma independiente, honesta y objetiva para el bien de todos y para defender la democracia que tanto nos costó conseguir en nuestra querida España.
Siempre se ha representado a la justicia como una mujer con los ojos vendados para no reconocer a quien es juzgado, con una balanza en la mano izquierda que pesa los “pros” y los “contra” y una espada en la mano derecha para ejecutar la sentencia. Desgraciadamente muchos ciudadanos vemos como en ocasiones se levanta la venda de los ojos, como se truca la balanza poniendo monedas en uno de los platillos y como la espada es más o menos ligera a la hora de aplicar la pena.
Una sociedad sin justicia es una sociedad bárbara, sin civilizar, en la que se impone la fuerza y no la razón y no es propia de una democracia por imperfecta que esta sea, de todo ello son culpables los políticos encargados de gestionar el bien común y los ciudadanos que no exigimos lo suficiente a nuestros representantes.
Julio César dijo aquello de que “la mujer de César no solo debe ser honrada, sino parecerlo”, creo que una institución tan importante como la justicia debería aplicársela por el bien de todos.
