La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha informado en el Parlamento de que el proyecto de decreto que desarrolla la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado establece la condición de autoridad pública para los docentes, lo que implica que su testimonio tendrá presunción de veracidad y contará con el respaldo legal necesario en el ejercicio de sus funciones.
También ha explicado que se regulan los procedimientos para solicitar protección jurídica y apoyo psicológico en aquellos casos en los que sean necesario. En este sentido, María del Carmen Castillo ha incidido en que “queremos que cada docente sienta el respaldo de la administración en el ejercicio de su labor”.
En su intervención, la consejera ha avanzado que además se creará la Unidad de Apoyo al Profesorado, una herramienta fundamental para garantizar que los colegios e institutos sean entornos de enseñanza seguros y respetuosos. El proyecto de decreto, que se encuentra en trámite de audiencia pública, tiene un ámbito de aplicación que además de abarcar a los centros educativos, se aplicará también a las actividades complementarias y extraescolares, así como cualquier situación en la que un docente pueda ser vulnerado en el ejercicio de su profesión, incluyendo el ciberacoso y cualquier acto que atente contra su integridad física o moral.
Por último, Castillo ha señalado que la normativa tiene como objetivo principal garantizar la protección y el respeto hacia los docentes y que puedan ejercer su labor con dignidad y seguridad. Para la consejera un profesorado reconocido y respaldado es clave para fortalecer el prestigio de la educación y fomentar valores como el mérito, el esfuerzo y la responsabilidad en el alumnado.
