Las conversaciones iniciadas en las últimas semanas para negociar una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) han dejado estupefactos a los representantes del sector agrario andaluz en las mesas negociadoras de los convenios del campo. Y es que, tras cinco subidas consecutivas y en el peor ejercicio para el agro de todo el siglo, supone una total irresponsabilidad plantear una revisión al alza del SMI.
En el último lustro el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha incrementado en España en un 46,75%. Una subida que está ya reflejada en todos los convenios provinciales del campo en Andalucía y que ha provocado una reconversión dramática de algunos sectores antaño punteros, como el de la fruta de hueso, y consecuentemente más destrucción de empleo.
Una nueva revisión en este momento dejaría en papel mojado los acuerdos salariales suscritos en los convenios colectivos y ahondaría en la reducción de activos agrarios que ya se inició en 2018 a raíz de los anteriores incrementos del SMI. En concreto en 2022, último ejercicio del que se tienen datos cerrados, el empleo en el sector agrario descendió en España un 3,5%, hasta los 774.800 ocupados. Andalucía, que es la comunidad autónoma con más ocupados en el sector (alrededor del 31% del total nacional), fue la que registro un mayor descenso, perdió más del 10% de sus ocupados agrarios.
Un ejercicio de más costes, menos producciones y menos ayudas
Tal como analiza el Comité de Relaciones Laborales de ASAJA-Andalucía este no es el momento de plantear una revisión al alza de ninguno de los costes que ya soportan las explotaciones. La sequía, persistente en los últimos 10 años y agravada desde 2022, ha provocado en el último ejerciciouna caída de las producciones de todos los sectores y cultivos de entre el 40 y el 60%, lo que en 2023 ha generado pérdidas al campo andaluz de más de 2.000 millones de euros.
Además de la sequía, el campo andaluz padece un fuerte incremento de todos sus costes de producción. Junto a la fuerte subida de los costes salariales en los últimos cinco años, que el sector está aún digiriendo, el encarecimiento de fertilizantes, fitosanitarios, semillas, plásticos, gasoil y electricidad, entre otros insumos, ha provocado un aumento de los costes de producción superior al 35% en 2022, según datos de Eurostat.
Y por si no fuera suficiente con este incremento de costes, las compensaciones de la PAC se reducen para el campo andaluz, al que el ministro Planas ha penalizado con su Plan Estratégico que provoca el trasvase de 500 millones de euros de las ayudas europeas de los agricultores y ganaderos andaluces hacia los de otras regiones.
En este contexto de mayores costes por el encarecimiento de los insumos, menos producciones por la sequía (y en consecuencia menos ingresos) y menos ayudas por una PAC que castiga a Andalucía (menor compensación por pérdida de renta), cualquier nueva subida, por mínima que sea, abocaría al sector a más cierres y abandonos, y a la postre, terminarán pagándolo los consumidores.
Dado que por una parte, esta reducción de la producción supone un incremento de la dependencia española de las importaciones de alimentos de países terceros que no cumplen las normas de seguridad europeas, y por otra, los consumidores sufrirán también un encarecimiento de la cesta de la compra derivada de la reducción de la oferta por las menores producciones, lo que repercutirá en la espiral inflacionista e incrementará las dificultades de la población con menos renta para consumir productos frescos de calidad.
Andalucía es la primera región agraria de España y la que tiene un mayor porcentaje de población ocupada en esta actividad, que es la principal fuente de empleo de la mitad de los municipios andaluces, por lo que tal y como sostiene ASAJA-Andalucía, cualquier negociación sobre el SMI debe tener en cuenta las repercusiones para este sector y debe contar por tanto con el campo andaluz.
