Los colegios profesionales de Abogados y Procuradores ya han recibido de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública los 844.410,29 euros correspondientes al pago de la asistencia jurídica gratuita prestada por estos profesionales en Córdoba durante el primer trimestre, tras la revisión de las certificaciones que fueron entregadas a la Junta el pasado 30 abril.
Del total, la mayor parte, 763.974,09 euros, es para sufragar la prestación realizada por los letrados. En concreto, al Colegio de Abogados de Córdoba se destinan 691.432,92 euros (493.932,92 euros por la asistencia de sus profesionales en el turno de oficio y 197.500 euros por las guardias). El de Lucena recibe 72.541,17 euros (43.878,17 euros para sufragar los servicios prestados en el turno de oficio y 28.663 euros por las guardias).
Por su parte, los procuradores reciben un total de 80.436,20 euros, correspondientes al turno de oficio. Además, la Junta también abona los gastos de funcionamiento de los colegios profesionales.
En este primer trimestre ya se ha aplicado la subida acordada en la nueva orden reguladora de estas retribuciones, aprobada el año pasado y que entró en vigor en enero, lo que ha supuesto incrementos de entre un 20 y un 60%, según los conceptos y el número de actuaciones. Además, se han aumentado las guardias autorizadas a los colegios de Abogados.
Las retribuciones las asistencias del turno de oficio también han sido incrementadas en un 4% a la espera de la nueva orden de módulos y bases que actualizará las cuantías, que están congeladas desde 2009.
La pasada legislatura, la Junta ya realizó cambios en la fórmula de pago para agilizarla. Hasta entonces todos los abogados y procuradores debían esperar hasta que se subsanaran los requerimientos a las certificaciones que presentaban alguna deficiencia para poder cobrar.
Así, los Consejos andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores reciben en apenas unas semanas desde que presentan las certificaciones de cada trimestre (tienen de plazo un mes) el grueso del dinero correspondiente a las certificaciones de servicios que no presentan ningún error, de forma que para un segundo plazo quedan solo pendiente aquellas que requieren alguna subsanación.
