La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, en colaboración con la Universidad de Málaga, ha puesto en marcha un Servicio de Coordinación Parental en los Juzgados de Familia de la capital malagueña, un proyecto piloto cuyo objetivo es reducir la litigiosidad en los procedimientos de separaciones y divorcios en beneficio de los menores.
Según ha explicado en el Pleno del Parlamento el consejero, José Antonio Nieto, se trata de un servicio novedoso que pretende servir como alternativa para la resolución de conflictos familiares colaborando con los jueces de familia con el doble objetivo de proteger a los menores que se encuentran en medio de un conflicto entre adultos y descongestionare esta jurisdicción, facilitando la ejecución de las sentencias.
Nieto ha recordado que es una figura que surge en los años 90 en EEUU y Canadá recomendada tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como por el Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor. Supone un paso más en el empeño de esta consejería de «humanizar la Justicia«, especialmente en aquellos casos en los que se ven afectados menores que viven la ya de por sí dura experiencia de ruptura de pareja de sus progenitores.
El papel del coordinador de parentalidad es colaborar con el juez para propiciar la normalización de la nueva situación familiar, en un clima pacífico que permita que en un tiempo razonable la familia acepte las nuevas pautas y sea capaz de autogestionarlas. En algunos casos puede tomar decisiones vinculantes para la familia.
Desde su puesto en marcha antes de verano, son cuatro las familias que están siendo atendidas por tres equipos formados por juristas expertos en Derecho de Familia y psicólogos. Se trata de familias que voluntariamente quieren formar parte de este proyecto piloto (bajo el principio de confidencialidad) cuyos resultados se evaluarán en junio de 2023, una vez transcurrido un año desde su inicio.
Nieto ha expuesto que en función de los resultados, se estudiará la creación de este servicio permanente y su implementación en otras provincias. El consejero se ha mostrado convencido de que este proyecto piloto «será muy beneficioso para los menores, y no sólo reducirá la litigiosidad en los conflictos familiares sino que también evitará las secuelas psicológicas de los mismos en los menores».
