La Federación de Atención a la Ciudadanía del sindicato USO (FAC-USO) considera que el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la reducción de la temporalidad en el Empleo Público, aprobado en el Congreso de los Diputados, constituye una farsa legal.
Para Luis Deleito, secretario general de FAC-USO, “además de propiciar un enfrentamiento entre los distintos tipos de empleados públicos, la norma aprobada está muy lejos de solucionar el gran fraude creado y mantenido por la propia Administración durante décadas”.
En este sentido, FAC-USO considera que se trata de un mero apaño, impuesto por Europa, al que el Gobierno Español se ha tenido que someter para tener acceso a los fondos europeos. “Pero resulta evidente que no hay una verdadera voluntad política de solucionar la lacra de la temporalidad y la interinidad que afecta a las Administraciones Públicas”, puntualiza Deleito.
Tras analizar el texto aprobado, FAC-USO defiende que, además de partir de una serie de premisas falsas, no conlleva una verdadera planificación en materia de personal, ni admite la situación de fraude de ley y abuso de la temporalidad -a la que se refiere el Tribunal de Justicia de la Unión Europea- y a la que los sucesivos Gobiernos, Central y autonómicos, han tenido sometidos durante décadas a cientos de miles de empleados públicos.
“Esta Ley va a crear una gran inseguridad jurídica, pendientes de posteriores desarrollos normativos y supondrá una nueva y evidente discriminación entre miles de trabajadores, cuya estabilidad y futuro va a depender de factores aleatorios. Además, traerá aparejado un aumento significativo en el número de reclamaciones y demandas, marcando un nuevo récord en la judicialización de las relaciones laborales en las Administraciones públicas”, prosigue Deleito.
Es, por tanto, un Proyecto de Ley que es prácticamente una copia del RDL 14/2021, y en el que, pese a haberse introducido algunas mejoras en la fase de enmiendas, sigue sin reconocer la realidad de los más de 500.000 empleados públicos en situación de fraude de ley.
Para FAC-USO “estamos ante una nueva oportunidad perdida para acabar definitivamente con la lacra del fraude de ley en la contratación en las Administraciones públicas, cambiando situaciones de abuso por un derecho tan esencial como es el derecho a la estabilidad en el empleo”.
