El Centro Municipal de Servicios Sociales de Montilla está participando en un estudio realizado por parte de cinco investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de las Islas Baleares, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Zaragoza, y en el que se está analizando el alcance de la pandemia del Covid-19 en dicho servicio público.
En concreto, han sido hasta 60 los municipios presentes en el primer informe, pertenecientes a las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Euskadi y Madrid. Una investigación que estará en funcionamiento hasta septiembre de 2021 y que realizará un seguimiento detallado de cómo se están enfrentando a los retos derivados de la pandemia.
En este sentido, las profesionales están estudiando el alcance de la crisis desde que se decretó el Estado de Alarma hasta septiembre de 2020, y lo han plasmado en un primer informe recientemente publicado -y que se actualizará mes a mes- que pone de manifiesto cómo los centros de servicios sociales municipales tuvieron que reorganizar radicalmente su forma de trabajar, atendiendo a quienes demandaban ayuda por teléfono, email, WhatsApp, etc. La atención presencial, fundamental para desarrollar estrategias integrales de ayuda, solo se ha podido mantener en casos de extrema emergencia.
Entre otras cuestiones, el informe subraya que “la pandemia ha evidenciado -como ya lo hizo la crisis económica- la irrupción de nuevos perfiles de personas usuarias en servicios sociales con demandas de carácter económico” y “las trabajadoras sociales identifican un perfil dedicado principalmente al sector servicios o con empleos en la economía sumergida”, por lo que “el reto que tienen por delante los servicios sociales y la sociedad en general es evitar que una situación de vulnerabilidad coyuntural pase a cronificarse”.
Asimismo, en lo que respecta a las dificultades acaecidas a raíz del confinamiento, las investigadoras aseguran que “las prestaciones económicas se han seguido tramitando y pagando, pero todo lo presencial se ha ralentizado o pospuesto, y las visitas domiciliarias se han hecho solo en casos excepcionales”. Por tanto, añaden, “están por ver las consecuencias de esta dificultad para hacer seguimientos presenciales en los casos de menores o violencia de género. Además, la pandemia se ha llevado por delante todos los programas que implican reuniones en grupo y trabajo social comunitario: talleres de formación; grupos de apoyo; actividades de ocio para mayores y jóvenes; centros de día, etc”.
Por otro lado, trabajadoras del propio centro montillano entrevistadas para el informe han precisado, como otro de los puntos fundamentales, “la necesidad de hablar, ya en la segunda parte del confinamiento, contar con alguien ajeno a quien contarle lo que estaba viviendo, el día a día. Hemos detectado mucho la soledad, sobre todo la soledad no deseada”, por lo que “hemos puesto en marcha un programa, llamado SOLEDAD, para personas mayores que tienen soledad no deseada”.
En cuanto a previsiones de futuro, se teme lo peor en algunos territorios, especialmente ligados a la estacionalidad (economías altamente dependientes del turismo o el trabajo agrícola), así como cuando medidas como los ERTEs toquen a su fin.
El deseo común es que la presión hacia un trabajo asistencialista no acabe con los programas de intervención social que trabajan desde la prevención, la participación y la construcción de sociedades inclusivas.
Se preparan para la siguiente fase y apuntan a la importancia de coordinarse con otros servicios públicos. En los próximos meses se continuará analizando el impacto de la pandemia en este sistema. Se estudiarán nuevas prácticas profesionales, así como los diferentes retos a los que se enfrenta el sistema público de servicios sociales.
