El relevo generacional y modernización de explotaciones deben ser las prioridades de la política de desarrollo rural de la Junta de Andalucía ya que por cada joven que se incorpora a la actividad agraria, se crean entre 7 y 10 empleos.
COAG Andalucía pide a la Consejería de Agricultura que haga el esfuerzo necesario para que ningún joven que cumpla los requisitos quede excluido de las ayudas a la incorporación, cuya resolución provisional se publicó el pasado 29 de enero, con un plazo de alegaciones que concluía ayer.
Esta convocatoria, que supone un giro muy positivo a la nefasta política de incorporación de jóvenes llevada a cabo hasta ahora, ha suscitado un enorme interés, y son casi 3.000 las solicitudes que se han presentado. De ellas, aproximadamente la mitad han sido aprobadas, pero se prevé que muchas de las que actualmente han quedado fuera entren finalmente tras el periodo de alegaciones, pues su exclusión se debe a defectos o errores subsanables.
Por eso, aunque COAG Andalucía valora positivamente la decisión de la Consejería de ampliar hasta 90 millones el presupuesto para esta edición, cree que se debería incrementar esa cantidad para poder dar respuesta a todos los jóvenes que cumplen los requisitos de la convocatoria. COAG Andalucía calcula que el montante necesario serían unos 120 millones (el presupuesto total para el marco es de 132).
Al tratarse de ayudas cofinanciadas con fondos FEADER, la administración autonómica sólo pone un 10%: poniendo 9 millones de euros llegan 90 para esta convocatoria de jóvenes, por lo que sólo sería necesario poner 3 millones más (hasta 12), para conseguir 120 millones y la resolución favorable para todos los solicitantes que cumplen los requisitos.
El resultado sería la incorporación de unos 2.100 jóvenes. De ese modo, teniendo en cuenta la mano de obra adicional que figura en los planes empresariales de los beneficiarios de las ayudas, se crearían unos 3.000 empleos directos. Y a ello habría que añadirle los indirectos: según Eurostat, por cada joven que inicia la actividad se generan entre 7 y 10 empleos. Estaríamos hablando de más de 15.000 personas que saldrían del paro en nuestra comunidad. ¿A qué empresa que viniera para crear ese número de empleos se le cerrarían las puertas?
Además, la Administración andaluza recuperaría el dinero con creces, sólo con las cuotas de la Seguridad Social: un autónomo paga en cinco años un total de 10.382 €. Considerando las bonificaciones del 80%, 50% y 30% durante los primeros meses, 2.100 nuevos jóvenes titulares de explotación aportarán más de 20 M €.
No podemos olvidar que los jóvenes que cumplen los requisitos y que se queden fuera en esta convocatoria, no tendrían posibilidad de volver a concurrir, lo que generaría una situación delicada, dado que muchos han afrontado inversiones y compra de tierras con la perspectiva de recibir la ayuda de incorporación.
El relevo generacional debe ser una apuesta de futuro del gobierno andaluz. Como demuestra esta convocatoria, no falta motivación: hay jóvenes que quieren dar el salto para dedicarse profesionalmente a la agricultura y la ganadería. A esto hay que añadirle que actualmente sólo el 4,5% de los titulares de explotaciones son menores de 35 años y el 9% son menores de 40 años. En cambio, el 36% son mayores de 65 años: esto significa que hay más de 82.000 explotaciones que en 2020 estarán en manos de mayores de 70 si no se da el relevo generacional necesario para el mantenimiento de la actividad en el medio rural.
Esta organización agraria valora muy positivamente el giro que representa esta convocatoria en la política autonómica de relevo generacional. En el marco anterior, 2007-2013, sólo se incorporaron 981 jóvenes andaluces, mientras el total en España fue de más de 13.100, con lo que esto significa de pérdida de fondos para Andalucía, porque nuestra comunidad aporta presupuesto para los fondos de la Reserva Nacional y ese dinero no se recupera del todo.
