La nueva Ley de Montes y el Plan Forestal Andaluz 2030 integran actuaciones para preservar la biodiversidad, reforzar el empleo rural y aprovechar los recursos forestales de forma sostenible
En los montes andaluces, la gestión forestal está adoptando nuevas formas para hacer frente a un reto sin precedentes. Las cuadrillas forestales ya trabajan en tratamientos de adaptación climática que transforman progresivamente el paisaje, no con ánimo de alterar su esencia, sino para garantizar su supervivencia. Andalucía ha decidido aplicar el conocimiento científico-técnico y la anticipación como fórmula para salvaguardar sus recursos naturales más estratégicos.
La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha situado la gestión forestal adaptativa como un eje vertebrador de su política frente al cambio climático. La combinación de sequías intensas, aumento de temperaturas extremas, incendios de comportamiento más errático y procesos de debilitamiento fisiológico de las masas forestales ha hecho evidente la necesidad de intervenir con criterio, planificación y datos.
“El monte mediterráneo es muy sensible a los efectos del cambio climático. Pero al mismo tiempo, es clave para proteger el suelo, conservar la biodiversidad y regular el agua. Por eso estamos actuando desde la planificación y el conocimiento científico-técnico”, explica el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela.
Las medidas en marcha están orientadas a reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas forestales: disminución de densidades para mejorar el reparto de agua, diversificación estructural y de especies, fortalecimiento de la regeneración natural, adecuación de criterios de corta o retirada selectiva de pies secos en zonas de alta exposición. Actuaciones que ya se ejecutan en muchas sierras de Andalucía, desde Cazorla y Sierra Morena hasta Los Alcornocales o Sierra de Baza.
Estos trabajos se enmarcan en el Plan Forestal Andaluz 2030, que recoge las principales líneas estratégicas de acción para adaptar las masas forestales andaluzas al nuevo contexto climático. La Consejería ha reforzado, además, la red de seguimiento del estado de la vegetación mediante sensores remotos, imágenes satelitales y modelos predictivos que permiten vigilar cada mes parámetros como la humedad edáfica o el índice de vegetación.
Las imágenes obtenidas a través de satélites de observación como ‘Sentinel’ permiten detectar con precisión zonas en las que se está produciendo decaimiento forestal, como ya ocurre en parte de las sierras orientales almerienses. En estos espacios, los efectos de la aridez prolongada han provocado la pérdida de vitalidad en formaciones de coníferas y el retroceso de especies como el pino salgareño (Pinus nigra), afectando también a encinares en cotas bajas.
Pérez Valenzuela señala que, además del seguimiento, “estamos incorporando prácticas que hasta hace poco no se contemplaban, como la migración asistida, utilizando materiales de reproducción procedentes de poblaciones mejor adaptadas a escenarios más secos, con el fin de anticipar el monte del futuro”.
Futura Ley de Montes de Andalucía
El cambio en el enfoque no se limita a la técnica. Andalucía está tramitando una nueva Ley de Montes, que llegará al Parlamento en esta legislatura y que marcará un punto de inflexión en la normativa forestal autonómica. La norma vigente data de 1992 y requiere una revisión profunda para integrar principios actuales como la adaptación al cambio climático, la economía circular o la gestión activa de los servicios ecosistémicos.
“La nueva ley reconoce también al monte como un bien estratégico por su papel en la economía rural, la prevención de catástrofes y el equilibrio territorial”, apunta el director general. La futura norma dotará de un marco estable y actualizado a las decisiones de gestión forestal pública y privada, y ofrecerá seguridad jurídica a los propietarios que quieran acogerse a modelos de aprovechamiento sostenible.
Esa visión productiva está claramente recogida en el Plan Forestal Andaluz 2030, que refuerza el vínculo entre selvicultura, bioeconomía y desarrollo rural. Se trabaja con la idea de que el monte puede ser también motor económico: generando biomasa, madera, corcho, otros productos no maderables, servicios recreativos o sumideros de carbono. Todo ello, con garantías de sostenibilidad certificada.
En zonas como la Sierra de las Nieves, los valles del Genal y del Guadiaro o la Subbética cordobesa, se están desarrollando proyectos vinculados al uso de biomasa para calefacción en edificios públicos, al aprovechamiento forestal para industria local de carpintería, o a la transformación alimentaria de frutos forestales como la bellota. Experiencias que muestran cómo la economía circular puede echar raíces en el monte.
Pérez Valenzuela incide en que “la economía circular necesita materia prima renovable. Y nuestros montes, si se gestionan de forma adecuada, la pueden proporcionar sin comprometer su equilibrio ecológico”. Añade que uno de los objetivos de su departamento es “construir cadenas de valor completas en torno al recurso forestal, de modo que los beneficios reviertan en los territorios donde se generan”.
Para ello, la Junta está apostando por fórmulas como la gestión agrupada de montes privados, la modernización de los sistemas de ordenación forestal, el impulso a la certificación sostenible y la creación de herramientas de trazabilidad. También se está trabajando en colaboración con universidades y centros de investigación para desarrollar ensayos de procedencia, estudiar la respuesta de distintas especies a variables climáticas extremas y diseñar protocolos de restauración con especies y ecotipos mejor adaptados.
La Consejería promueve además el acceso del sector forestal a fondos europeos de innovación, tanto en el marco del FEADER como de programas como LIFE o Interreg. Y en paralelo, refuerza las sinergias entre política forestal, acción climática y ordenación del territorio. En palabras del director general: “Un monte resiliente ayuda a contener la erosión, facilita la infiltración de agua, mejora la calidad del aire y actúa como barrera frente a los incendios. Para ello, nada mejor que convertirlo en una unidad económica rentable, conjugando su aprovechamiento y su preservación. Gestionarlo bien es una inversión en futuro”.
En el componente social, el Plan Forestal incorpora una visión integradora, que presta atención al papel de las mujeres rurales, las cooperativas forestales, los jóvenes emprendedores y los oficios tradicionales. Las políticas públicas en este ámbito están diseñadas para generar empleo de proximidad, con un fuerte anclaje territorial.
No se trata únicamente de conservar, sino de transformar. Y Andalucía lo está haciendo con método: con planificación a largo plazo, con recursos públicos, con formación técnica y con una legislación que se ajusta a la nueva realidad climática. El bosque andaluz está cambiando, y con él, la manera de entenderlo y gestionarlo.