El Consejo aprueba el proyecto de la Ley de Juventud, que fomentará el empleo, el emprendimiento y el acceso a la vivienda, reforzando las políticas para un colectivo que supone el 23% de la población.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Juventud de Andalucía, que elevará al máximo rango legal todas las políticas que desarrolla la Administración autonómica para este colectivo, especialmente las dirigidas a favorecer la inclusión laboral, el acceso a la vivienda y la preservación de sus derechos frente a las dificultades socioeconómicas y los recortes impuestos en el ámbito estatal. La norma consolidará y reforzará unas iniciativas que, de acuerdo con la memoria económica que incluye, suponen un gasto público total de 485,8 millones de euros para un periodo de cuatro años.
La nueva ley será la primera en la materia que aprobará el Parlamento andaluz, una vez debatido el proyecto que ahora se remite. El texto recoge como objetivos fundamentales fomentar la participación activa en la sociedad y contribuir a la mejora de la autonomía personal y laboral en igualdad de oportunidades. Andalucía, con 1,9 millones de personas de entre 15 y 34 años (el 23% de la población), es una de las comunidades más jóvenes de Europa.
Partiendo del enfoque de juventud como elemento transversal en las políticas de la Junta, la norma diseña las bases fundamentales de los planes integrales que impulsará el Gobierno andaluz y refuerza la independencia y capacidad de acción del Consejo de la Juventud de Andalucía, ente de participación social que podrá aprobar su propio plan anual de actuación y establecer convenios de colaboración con organismos similares de otras comunidades.
De acuerdo con el proyecto, la juventud será considerada como colectivo prioritario de acción social siempre que la tasa de desempleo de los menores de 30 años supere a la europea. Ello supondrá la aplicación obligatoria de medidas, exigibles por ley, como el Plan de Empleo Juvenil previsto en la norma para disminuir esa brecha, con medidas especialmente orientadas al acceso al primer puesto de trabajo, el emprendimiento, la economía social, el autoempleo, la integración del alumnado que abandona la educación reglada, el retorno de los jóvenes que se han visto obligados a emigrar y la defensa frente a la precarización y los efectos de las desregulaciones laborales.
Este mandato de la ley permitirá también blindar las políticas de juventud de la Junta, dirigidas a los objetivos de empleo, emprendimiento, acceso a la vivienda y avance en la gratuidad de las matrículas universitarias, así como contrarrestar los recortes impuestos por el Gobierno central desde 2012, que se cifran en una disminución total del 60% en políticas activas de empleo y del 85% en los fondos destinados a orientación laboral durante los últimos seis años.
Planes de empleo
Entre las iniciativas que se consolidarán destacan los planes Emple@Joven y 30+, dirigida a los ayuntamientos andaluces para la contratación en proyectos y servicios de interés social; el programa Andalucía Emprende, que el pasado año apoyó la puesta en marcha de los proyectos empresariales de más de 14.500 personas (el 63,38% menores de 40 años), y la línea de ayudas Innoactiva 6000 para la constitución de empresas, con incentivos de hasta 6.000 euros.
Además, Andalucía es la comunidad autónoma que más avanzada tiene la implantación del Sistema de Garantía Juvenil de la Unión Europea, con más de 282.671 desempleados jóvenes registrados, el 26% del total de beneficiarios en España. Este sistema facilita ofertas de trabajo, formación y prácticas en empresas tras el fin de la formación o el inicio del periodo de desempleo. La futura ley añadirá nuevas medidas para facilitar el retorno de los jóvenes que en los últimos años se han visto forzados a emigrar al extranjero por razones socioeconómicas
En materia de vivienda, el proyecto de ley introduce como principal novedad la valoración específica de la edad dentro de los registros públicos de demandantes que gestionan los ayuntamientos, mientras que en cultura se promoverá la difusión de las creaciones y propuestas de los jóvenes andaluces en los espacios de titularidad de la Junta. También se recoge la elaboración de un plan anual de educación no formal y la regulación de las cien Escuelas de Tiempo Libre de la comunidad autónoma, con la fijación de los criterios para su puesta en marcha, la homologación de su formación y expedición de títulos.
Respecto a la educación, las prioridades se dirigen a la eliminación de estereotipos de género y comportamientos discriminatorios, la prevención del acoso escolar y el apoyo al desarrollo integral en facetas como las lenguas extranjeras, la creatividad, el deporte o el voluntariado.
Finalmente, la futura ley regulará las actividades y funciones de los profesionales especializados en el colectivo joven, con medidas como la elaboración de mapas de competencias.
