La Junta de Andalucía garantizará el 100% de los préstamos que las entidades financieras concedan a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos andaluces para inyectarles liquidez y que puedan afrontar así sus obligaciones de pago el tiempo que se prolongue el estado de alarma.
Para ello, concederá una subvención de hasta 36 millones de euros a la sociedad de garantía recíproca Garántia para avalar operaciones financieras a pymes y autónomos por importe de hasta 500 millones de euros.
Así lo ha explicado el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, en su comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlamento, en la que ha avanzado, además, que esta medida puede estar ya operativa la semana que viene y que supone ir más allá de la cobertura ofrecida por el Gobierno central, que avalará el 80% del importe de los nuevos créditos concedidos a este colectivo. «Se trata de aprovechar la capilaridad en el territorio de Garántia, habilitando una línea más flexible y complementaria al ICO».
Esta iniciativa de apoyo financiero a pymes y autónomos se completa con los 20 millones que el Gobierno andaluz destina a la línea Andalucía, financiación empresarial del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, para posibilitar la concesión de préstamos por un volumen de hasta 100 millones. En conjunto, estas medidas de apoyo financiero servirán para movilizar hasta 600 millones de euros en préstamos cubiertos por instrumentos de garantía, y para ayudar a las pymes y autónomos a solventar los eventuales problemas de acceso a liquidez que les pueda generar la actual crisis.
Bravo ha destacado asimismo el esfuerzo realizado por el Ejecutivo andaluz en materia tributaria, con el aplazamiento en la presentación y el pago de impuestos propios, que supone una inyección en la economía andaluza de 270 millones de euros, lo que representa de facto un préstamo a corto plazo y sin intereses para familias, pymes y autónomos.
Así, ha recordado que los plazos de presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) se amplían 3 meses, cuando el plazo de presentación y pago estuviese previsto entre el 17 de marzo y el 30 de mayo de 2020. «No solo aplazamos, sino mejor aún, ampliamos el plazo de presentación y pago hasta septiembre, por lo que en estos días de confinamiento los ciudadanos no tendrán que hacer ninguna gestión».
De la misma manera, los plazos de presentación y pago de autoliquidaciones del resto de tributos propios, así como las deudas de Derecho Público no tributarias cuyo vencimiento se produzca durante la vigencia del estado de alarma se prorrogarán un mes, hasta el mismo día del mes siguiente a su vencimiento.
El consejero ha reseñado que, en el escenario actual, «afrontamos en primer lugar una obligación moral de poner al servicio de la salud los recursos que se requieran, lo que exige aumentar el gasto sanitario» y ha apelado a la responsabilidad de todas las administraciones para cooperar desde la lealtad.
«Ahora más que nunca es el momento de las reformas y el consenso, de corregir el mal funcionamiento del sistema de financiación autonómico y de explorar la utilización de los Fondos Estructurales europeos en gasto sanitario y servicios sociales«, además de aprovechar la relajación de las reglas fiscales anunciada desde Bruselas. Bravo ha considerado, de la misma manera, que es el momento de activar el colchón de recursos de los que disponen los ayuntamientos.
«Dotaremos a la sanidad andaluza para hacer frente a esta crisis hasta donde podamos con los recursos que tenemos«, pero ha lamentado que hasta el día de hoy «lo estamos soportando prácticamente a pulmón» con recursos propios. En este sentido, ha precisado que «estamos finalizando la tramitación de una modificación presupuestaria para tener a final de semana un Fondo de Contingencia sanitaria con una primera dotación de 100 millones de euros«, si bien en una primera estimación la Consejería de Salud ha señalado la necesidad de aumentar el gasto en 342 millones.
Por otro lado, el consejero ha destacado que, con el objetivo de mantener el empleo, la Administración no suspende el pago a las empresas que proveen servicios a la Junta y ha pedido que se priorice el pago a los proveedores para reducir en lo posible el periodo medio en el que se abonan las facturas y los pagos en garantía.
Para mas aclaraciones o preguntas te dejamos este enlace que te puedes descargar:
Guía de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social con información relevante para las personas trabajadoras autónomas
