La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha informado en el Parlamento de que un total de 43.873 estudiantes de FP matriculado en ciclos sostenidos con fondos públicos que realizan este curso prácticas formativas en empresas han sido dados de alta en la Seguridad Social. De esta manera, ha señalado la consejera, a todos los estudiantes, centros educativos y empresas se les ha eximido de esa carga burocrática que supone la cotización de las prácticas no remuneradas.
En este sentido, Del Pozo ha indicado que se ha realizado “un descomunal esfuerzo” que ha permitido que Andalucía haya cumplido con sus compromisos y obligaciones, evitando poner en riesgo la titulación de los estudiantes, dado que son prácticas curriculares obligatorias. Incluso, ha añadido, la Consejería ha creado un sistema informático específico para llevar a cabo esta medida.
Durante su intervención, la consejera ha explicado que han sido unos meses “muy duros y complicados” hasta que se ha conseguido poner en marcha este nuevo sistema, “con el curso ya empezado, con una Ley nueva y sin un desarrollo normativo finalizado, con múltiples dudas que aún sigue sin resolver el Ministerio y que ha generado, y sigue generando, muchísima incertidumbre en la comunidad educativa y en las empresas que acogen a los estudiantes”. Además, Del Pozo ha indicado que ha sido una medida “impuesta por la puerta de atrás”, sin dialogar con las comunidades autónomas, que son las que tienen que aplicarla.
Igualmente, la consejera ha recordado que en la última reunión de la Conferencia Sectorial celebrada el pasado 13 de diciembre el Ministerio rechazó la petición de 14 comunidades autónomas de que esta medida comenzara al siguiente curso para que hubiese tiempo de implementar el sistema y “de que ellos se aclararan porque ni siquiera se ponían de acuerdo entre los ministerios, y las tesorerías provinciales daban informaciones diferentes a las comunidades autónomas”.
Para Del Pozo “esta imposición y la sinrazón del Gobierno central nos metió en un caos descomunal, sin ayuda de ningún tipo en la gestión y, nuevamente, sin transferir el dinero necesario”. Además, los centros educativos “no sabían cómo aplicar esta medida y muchas empresas trasladaron sus reticencias a continuar, poniéndose en jaque todo el sistema de FP en Andalucía y en un momento, a mitad de un curso, en el que se debía estar absolutamente concentrados en implantar la nueva Ley de FP, que establece un nuevo sistema todo en dual para el próximo curso”.
