El IPC de septiembre comienza a reflejar los efectos de la inflación subyacente y registra una subida de casi un punto con respecto al mes anterior, hasta el 3,5 %. El IPC subyacente sigue prácticamente duplicando el general y ronda el 6 %, un 5,8 %.
La mayor influencia en las subidas de septiembre la tienen la electricidad y el transporte. Esto último, además, golpea especialmente a los territorios extrapeninsulares, donde provoca un encarecimiento general del resto de productos. Todos ellos tienen un índice superior al 4 %, más alto en las ciudades autónomas que en las islas. Únicamente Cantabria registra subidas así en la Península.
Pero, aunque los alimentos no son el principal factor de encarecimiento de la cesta de la compra en septiembre, el acumulado es insostenible para la economía familiar. Con base en 2021, la alimentación básica se ha encarecido un 26 % y el transporte, un 15,2 %. Son los dos gastos esenciales en un hogar y son los que están por encima de la media, del 13,3 %. El otro que lo supera, por efecto directo de ambos, es el de la hostelería, que ahoga a microempresarios y autónomos.
“Todo esto, mientras los salarios por convenio suben un 3,41 %. Sí, casi igual que el IPC actual, pero muy por debajo de la subida que realmente se lleva el salario: la de los alimentos, la vivienda y el transporte”, analiza Joaquín Pérez, secretario general de USO.
En este sentido, el dirigente sindical exige “que el próximo Gobierno priorice la subida del SMI y el ajuste de la jornada laboral a la jornada real. Tanto uno como otro tirarán de los más vulnerables, con subidas de los salarios más bajos y la revalorización de la jornada parcial”.
Además, Pérez pide actuar “directamente sobre la especulación en los precios de la alimentación. La especulación de algunos se ha comido la bajada impositiva. Con lo cual, no hay un beneficio para las familias, que era el espíritu de la medida, pero sí un empobrecimiento de las arcas públicas. Urgimos a que dejan de jugar a pasarse el globo de agua y decidan a quién le explota: bien Competencia o bien un Ministerio tiene que asumir las competencias de investigar y sancionar a los que se han enriquecido ilícitamente, y actuar con mano dura para que se vea la bajada del IVA en los bolsillos de la gente y no en las cuentas empresariales”.
