La Consejería de Justicia e Interior ha aumentado al menos un 11% las retribuciones de abogados y procuradores que prestan el turno de oficio de asistencia jurídica gratuita, según se establece en la nueva orden sobre este servicio que financia la Junta de Andalucía.
La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, ha anunciado en el Parlamento que esta medida se incluye en la orden aprobada el pasado mes de febrero por su departamento, en la que se establecen los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados en el turno de oficio por profesionales de la abogacía y la procuraduría en Andalucía.
La nueva orden, según la consejera, tiene como objetivo no solo incrementar las cuantías que perciben abogados y procuradores para compensar la reducción de sus emolumentos fijada en 2012 a causa de la grave crisis económica, sino también redefinir determinados módulos de los pagos que hace la Junta para ajustarlos al nuevo marco procesal y a la labor que desempeñan quienes prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita.
Así, se han incrementado un 5% los baremos del turno de oficio respecto a los de 2017, hasta alcanzar subidas de, al menos, el 11% en cada uno de los módulos, un crecimiento que se añade, ha subrayado la consejera, al aumento del 5% general que ya se había establecido el pasado año.
En cuanto a la creación de nuevos módulos retributivos, se ha establecido uno específico para las macrocausas por la especial complejidad que entrañan estos procesos, compensaciones económicas para los profesionales que tengan que desplazarse a una prisión en causas con presos, ahora no remunerada, y para las comparecencias que se determinan en las órdenes de protección de víctimas de violencia de género, entre otras.
Igualmente, la orden de la Consejería de Justicia e Interior dispone la creación de módulos específicos para todos los procedimientos de desahucio, a fin de poder contar con un seguimiento más exhaustivo de este tipo de causas.
Incremento del presupuesto
Rosa Aguilar ha asegurado que los beneficios económicos emanados de esta orden se aplicarán ya a los servicios de asistencia jurídica prestados desde el pasado 1 de enero, para lo cual la Junta dispone de un presupuesto que asciende este año a más de 43,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,45% con respecto a 2016.
Además, la consejera ha recalcado que «todo el proceso de elaboración de esta orden por la que se modifican los módulos y las bases de compensación económica ha estado presidido por el diálogo y el consenso con los colegios profesionales de abogados y procuradores»,
La asistencia jurídica gratuita la prestan en la comunidad autónoma andaluza más de 10.000 profesionales, entre abogados (9.258) y procuradores (1.225) y de ella se benefician más de 300.000 personas al año.