El Comité de Huelga de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia de Córdoba, formado por CSIF, CCOO, UGT y STAJ, continuado hoy con sus movilizaciones con una manifestación en la que estos profesionales han exigido al Gobierno central que se siente a negociar y ponga fin a más de dos meses de concentraciones y huelgas en las que se ha puesto de manifiesto la discriminación a la que se siente sometido este colectivo, que asciende a unos 750 trabajadores y trabajadoras en la provincia de Córdoba.
Los asistentes a la protesta se han manifestado desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía hasta la Subdelegación del Gobierno, en lo que ha sido la continuación a la marcha que realizaron los funcionarios y funcionarias de Justicia el pasado martes en Madrid.
Este calendario de movilizaciones concluirá el próximo 13 de julio con una nueva manifestación en la capital de España que finalizará en el Palacio de la Moncloa.
Las centrales sindicales convocantes han lamentado que el Ministerio de Justicia no haya mostrado ninguna voluntad de solucionar el conflicto con una oferta seria para reconocer profesional y retributivamente el trabajo que desempeñan estos profesionales, que representan en torno al 93% del total de la Oficina Judicial.
El Comité de Huelga critica que el departamento dirigido por Pilar Llop haya hecho “oídos sordos” a sus reivindicaciones y al endurecimiento de las protestas y lamenta profundamente los efectos negativos que están teniendo para la ciudadanía, “siendo el Ejecutivo central el único responsable de todas ellas por su desidia y falta de compromiso con este colectivo de empleados y empleadas públicas”.
Los sindicatos convocantes exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta económica para negociar. En concreto, exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros.
Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.
