La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la convocatoria de ayudas para promover la inclusión sociolaboral de los colectivos en situación de exclusión a través de las empresas de inserción, que contará a lo largo de este año con un total de 2,4 millones de euros.
Las entidades interesadas tienen de plazo desde el 6 de junio hasta el 5 de julio para solicitar estos incentivos en régimen de concurrencia no competitiva, con los que está previsto apoyar alrededor de 240 puestos de trabajo.
Pueden solicitar estas subvenciones las sociedades mercantiles o cooperativas inscritas en el Registro de Empresas de Inserción de Andalucía. Tanto los formularios de solicitud como los enlaces para acceder a la presentación de solicitudes en las distintas líneas de ayudas están disponibles en la web de la Consejería, en el enlace https://lajunta.es/47nl5
Las Empresas de Inserción desarrollan una función social centrada en facilitar la integración laboral de las personas en situación de exclusión en el mercado de trabajo ordinario. Son entidades, sociedades mercantiles o cooperativas que realizan una actividad económica o prestación de servicios con el fin primordial de integrar y formar sociolaboralmente a personas en situación de exclusión social. Actualmente hay 21 de estas empresas inscritas en el registro andaluz.
Cinco líneas de incentivos
La primera de las líneas de ayudas financia la inversión en inmovilizado realizada para la creación de puestos de trabajo para personas en situación de exclusión social, siempre que está inversión suponga un incremento neto de plantilla en empresas de inserción de nueva creación o ya creadas y calificadas, o se trate de la apertura de un nuevo centro de trabajo previa comunicación al registro de Empresas de Inserción de Andalucía.
El incentivo asciende al 80% del coste total de la inversión (en instalaciones, maquinaria, mobiliario o nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones), con un límite máximo de 40.000 euros. El incentivo será de 8.000 euros en el caso de que la inversión en inmovilizado permita la realización de un contrato a tiempo completo, y de 4.000 euros para contratos a media jornada. Cuando la persona contratada sea mujer el importe de la ayuda será de 10.000 euros y el límite máximo subvencionable ascenderá a 50.000 euros. Esta ayuda cuenta con una financiación de 90.000 euros.
La segunda línea de ayudas tiene por objeto incentivar la contratación o el mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por personas en situación de exclusión social en las empresas de inserción. En este caso, la ayuda cubre el 50% de los costes salariales derivados de la contratación, y asciende hasta un 80% en caso de empresas de inserción de nueva creación durante el primer año de contrato. La cuantía máxima del incentivo se incrementará un 10% cuando la persona contratada sea mujer. Esta ayuda cuenta con una inversión de 1.410.000 euros.
El tercer incentivo es una ayuda que cubre los costes salariales derivados de la contratación o mantenimiento del personal técnico encargado de las acciones de tutoría y acompañamiento a la inserción de las personas trabajadoras en estas empresas, para lo cual la Junta destinará una inversión de 700.000 euros. Los contratos podrán concertarse tanto a jornada completa como parcial, pero en ningún caso podrá ser inferior al 50% de la jornada ordinaria establecida en convenio colectivo, o en la jornada máxima legal.La ayuda cubrirá los costes salariales derivados de la contratación o mantenimiento del puesto de trabajo durante el periodo comprendido entre el 28 de mayo de 2022 y el día anterior a la presentación de la solicitud de la subvención.
Por su parte, la cuarta línea de ayudas respalda la contratación indefinida en el mercado laboral normalizado de una persona trabajadora en situación de exclusión social, perteneciente a la plantilla de la empresa de inserción. Este incentivo asciende a 2.000 euros, y se incrementará un 25% cuando la persona contratada sea mujer. En total van a destinarse 100.000 euros a esta línea.
Ayudas para la viabilidad económica
Por último, la convocatoria cuenta con un incentivo para favorecer la sostenibilidad económica de las empresas de inserción. Se trata de una ayuda dirigida a financiar como máximo el 80% de los gastos de desarrollo de una asistencia técnica, para facilitar y garantizar la viabilidad de estas empresas, con una ayuda que asciende a 6.000 euros en caso de estudios de mercado o de viabilidad económica o financiera; 1.500 euros para la realización de auditorías contables no obligatorias y auditorias sociales, y 1.000 euros para las certificaciones de calidad. La partida global de este incentivo asciende a 100.000 euros.
Entre los gastos subvencionables de asistencia técnica se encuentran estudios de mercado y estudios de viabilidad técnica, económica o financiera que tengan por objeto la apertura de nuevos mercados y la diversificación empresarial; auditorías contables no obligatorias; auditorías sociales con objeto de evaluar la eficacia social y el comportamiento ético; costes derivados de las certificaciones de calidad y sus sucesivas renovaciones. Los gastos subvencionables deberán haberse realizado en los doce meses anteriores al día de presentación de la solicitud de la subvención.
Colectivos en situación de exclusión
Entre los colectivos que se consideran personas en situación de exclusión se encuentran las perceptoras de rentas mínimas de inserción y los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas; jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de Protección de Menores; personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social y personas internas de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a un empleo en régimen abierto.
También se incluye a personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados; mujeres víctimas de violencia de género; emigrantes retornados a Andalucía con graves necesidades personales o familiares; desempleados mayores de 50 años que hubiesen permanecido inscritos de forma ininterrumpida como demandantes de empleo durante, al menos, doce meses; y personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, en un grado igual o superior al 33%, entre otros.
