El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto ley y las bases reguladoras para la primera convocatoria del programa Garantía Vivienda Joven, por el que la Junta de Andalucía concederá garantías que, junto a la hipoteca bancaria, permitirán a los jóvenes andaluces de hasta 35 años cubrir el 95% de la compra de su primera vivienda. Este programa, con una partida de 20 millones de euros para este año procedentes del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FeyDE), supone un colchón para que estos jóvenes puedan acceder a la compra de su primera vivienda aunque no dispongan de la entrada para la misma.
El decreto ley describe que uno de los problemas a los que se enfrentan los jóvenes es que, aun contando con ingresos suficientes para hacer frente al pago de las cuotas del préstamo hipotecario para financiar su primera vivienda, no han podido ahorrar los suficiente para la entrada, que supone el 20% del precio, así como los impuestos y demás gastos que la compraventa y la financiación conllevan. Esa dificultad de ahorro se ha visto agravada en los últimos años por la precariedad laboral, los bajos salarios, el alto índice de desempleo y las recientes crisis financiera o sanitaria.
Este decreto ley recoge la aprobación de las bases reguladoras de Garantía Vivienda Joven y efectúa la convocatoria a las entidades financieras para que puedan solicitar su participación mediante la suscripción del correspondiente convenio. Tanto las bases reguladoras como la convocatoria se publicarán de manera inmediata en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). A partir de entonces, las entidades financieras disponen de un plazo de 15 días para adherirse. Una vez comprobado que cumplen los requisitos, la Junta de Andalucía y estas entidades financieras firmarán los convenios de colaboración y, a partir de entonces, se abrirá la convocatoria para que los jóvenes puedan solicitar, sin coste alguno, el aval a las entidades financieras adheridas al programa Garantía Vivienda Joven, que se enmarca en el Plan Vive En Andalucía de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana 2020-2030.
Las entidades financieras, como entidades colaboradoras, acreditarán el cumplimiento de los requisitos de los solicitantes, que deberán estar empadronados en un municipio de Andalucía, tener hasta 35 años cumplidos y destinar la vivienda a domicilio habitual durante al menos dos años. Sólo se prestarán garantías hipotecarias para adquirientes de primera vivienda, ya sea libre o protegida o sea nueva o usada.
La medida se aplicará para viviendas con un precio de referencia máximo de 295.240 euros con carácter general, si bien ese límite se podrá incrementar en un 20% para viviendas con clasificación energética A o B, conforme a la normativa. También es un requisito indispensable encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Con el préstamo preconcedido, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda resolverá la concesión de la garantía y, posteriormente, quedará concedido el préstamo. Con la partida inicial, se estima que el programa Garantía Vivienda Joven alcance a unos mil jóvenes, aunque se estima que esa cifra se irá incrementando a medida que se vayan amortizando los préstamos.
Además de las bases reguladoras, este decreto ley modifica el decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, para que los jóvenes receptores de este aval sean menores de 35 años y también 35 años cumplidos, que opten a su primera vivienda, nueva o usada, y que se destine a domicilio habitual. Igualmente, modifica la Orden de Hacienda de 30 de abril de 2018, para contar con una partida de 20 millones de euros del FeyDE para su financiación.
Con este programa no sólo se facilita el acceso a la vivienda a los jóvenes, sino que incide en el impulso de la actividad económica, del empleo y de la actividad financiera; influyendo no sólo en el sector de la construcción, sino también en otras actividades que van desde el mobiliario hasta la puesta en uso de la vivienda adquirida. Todo ello genera puestos de trabajo directos e indirectos, pero, además, significa también un retorno a las arcas públicas por los impuestos y tasas que gravan la actividad.
