El Plan de Acción europeo para la Contaminación Cero debatido este semana en Bruselas por los 27, establece objetivos de reducción de vertidos y emisiones contaminantes hasta 2030 como guía de actuación para atenuar los impactos que estas sustancias generan sobre la salud humana y los ecosistemas.
Contaminación en suelos, agua y aire
El Plan de Acción comunitario para la Contaminación Cero constituye uno de los compromisos integrados en el Pacto Verde de la UE. Señala, entre sus principales objetivos, reducir en más del 55% las muertes prematuras y afecciones sobre la salud humana derivadas de la contaminación atmosférica; rebajar en un 25% los ecosistemas comunitarios amenazados por la misma causa y en un 30% la tasa de personas que sufren molestias crónicas por la contaminación acústica provocada por el transporte. También incluye entre sus metas bajar a la mitad la pérdida de nutrientes del suelo y el uso de fitosanitarios en agricultura y ganadería. Y en cuanto a los plásticos, limitar en un 50% los residuos plásticos en el medio marino y en un 30% los microplásticos liberados al medio ambiente.
El documento que analizaron los ministros de Medio Ambiente de los 27 aboga por que los estados miembros de la UE asuman una aplicación más estricta de la Directiva Marco del Agua, con una mejor vigilancia y reducción de la contaminación de determinadas sustancias en las aguas superficiales y subterráneas.
La finalidad última del Plan de Contaminación es incluir la prevención de la contaminación, sea atmosférica, en el suelo, las aguas, incluso la acústica, en todas las políticas de la Unión Europea, acelerando los plazos para su aplicación contra una de las amenazas más persistentes para nuestra salud y la del planeta.
Estrategia de adaptación
Asimismo, los ministros han aprobado las conclusiones del Consejo sobre la Estrategia de la UE de Adaptación al Cambio Climático, en las que se reconoce la importancia de instrumentos como la plataforma europea Climate Adapt y el Observatorio Europeo sobre Salud y Cambio Climático para desarrollar políticas de adaptación más inteligentes y sistémicas. También incide en la necesidad de contar con indicadores de riesgos y vulnerabilidad que permitan medir la aplicación de la Estrategia y canalizar la financiación, aún escasa, a los proyectos de adaptación al cambio climático, más importante que nunca en un contexto post COVID, en el que crear sociedades más resilientes es un objetivo compartido. Elementos todos ellos defendidos por España en las negociaciones del texto. Entre otras cuestiones, las conclusiones aprobadas subrayan también la importancia de la cooperación internacional en materia de adaptación, y la necesidad de priorizar las actuaciones que promuevan al mismo tiempo la adaptación y la mitigación.
Se trata de «una estrategia más transversal, que introduce esta variable en todas las políticas, y más ágil, que nos permita acelerar nuestra capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático, pero también una estrategia con una dimensión exterior», ha señalado Ribera.
«Las políticas públicas de adaptación tienen que llegar a todos los ámbitos de la sociedad. Y en el caso de España -ha dicho Ribera- una apuesta europea ambiciosa reforzará nuestra propia acción a través del recién aprobado Plan nacional de Adaptación al Cambio Climático, bien alineado con este documento estratégico».
Reciclaje y vida útil de las baterías
En el transcurso de la sesión celebrada hoy en Luxemburgo se revisó también el informe de progreso sobre el futuro reglamento de pilas, baterías y gestión de sus residuos. La propuesta de la Comisión, sometida aún a negociación en el Consejo y el Parlamento Europeo, busca garantizar requisitos mínimos de sostenibilidad para las pilas y baterías – portátiles, de automoción, industriales y de vehículos eléctricos- en el mercado comunitario, mejorar las cadenas de suministro al cerrar el ciclo de materiales y reducir su impacto en todas las fases de su vida útil.
Entre las novedades, el futuro reglamento incorporará nuevas exigencias de seguridad frente a sustancias peligrosas, el uso de materiales recuperados en el proceso de fabricación y requisitos adicionales de conducta responsable por parte de los fabricantes. También incrementa los objetivos de recogida de pilas portátiles -del 45% actual al 70% en 2030- y la totalidad de las baterías industriales y de automoción. El texto regulará asimismo la segunda vida de las baterías de vehículos eléctricos, y establece como obligatorio un código QR con información sobre las características de cada batería y un ‘pasaporte’ individualizado para mayor transparencia y trazabilidad.
España ha valorado positivamente la propuesta, si bien considera que en lo relativo a la gestión de los residuos de pilas y baterías, debería alinearse con lo previsto en la Directiva Marco de Residuos, y mantener el margen de actuación que tienen los Estados Miembros. La nueva regulación es especialmente oportuna -ha recordado la vicepresidenta- en un contexto en el que estos componentes de almacenamiento serán estratégicos para promover el cambio hacia una movilidad electrificada, más ecológica, y para impulsar la energía limpia y la neutralidad climática.
Otros puntos sometidos a debate en el orden del día del Consejo fueron la alianza sobre descarbonización en el transporte, la prevención del fraude en biocombustibles y el Convenio del Agua sobre protección de cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales.
Impulso a la agenda antártica
Además, en el marco de la reunión del Consejo de Medio Ambiente, la vicepresidenta Ribera ha mantenido diversas reuniones bilaterales, entre ellas una con el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, donde han abordado el impulso de España en la defensa y protección de la Antártida y cómo movilizar la agenda internacional con el objetivo de lograr la designación de nuevas áreas marinas protegidas en esa región.
Con el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, Ribera ha tratado sobre el paquete Fit for 55, que la Comisión tiene previsto presentar en unas semanas, para asegurar el cumplimiento del nuevo objetivo de reducción de emisiones del 55% y una transformación económica e industrial justa e inclusiva.
