La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha explicado que, sobre el decreto de las 35 horas laborales semanales de los empleados públicos, el Gobierno de Andalucía siempre «acata y ejecuta todas las sentencias de los tribunales» , «cumple con la ley» y pone en valor el acuerdo alcanzado con los sindicatos «para proteger el empleo, que es lo principal que pretende las 35 horas, y proteger a 8.000 trabajadores que no van a ir a la calle».
La presidenta ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la función pública y ha reiterado que «a pesar de Rajoy, a pesar de Montoro y a pesar de Moreno –en relación al líder del PP-A– las 35 horas en Andalucía serán una apuesta del Gobierno andaluz en el marco del cumplimiento de las 37,5 horas que marca el TC». Díaz ha subrayado que su Ejecutivo gobierna «con responsabilidad y en diálogo con los sindicatos».
La presidenta ha denunciado que mientras «la consejera de Hacienda, el Gobierno en su conjunto, las centrales sindicales, los empleados públicos queríamos mejorar nuestros servicios, ampliar derechos y plantilla», el Ejecutivo central y el Partido Popular «querían impedirlo en Andalucía para no hacerlo en el resto de España«. En este sentido, ha alertado, «nos han querido situar fuera de la ley, y no lo van a conseguir«. Díaz, que ha recordado las palabras del ministro Rafael Catalá, ha señalado que la Junta intervendrá «en la autonomía de nuestra organización de servicio» y «pensando que Andalucía es siempre lo primero».
Contratos con cláusulas sociales
La presidenta de la Junta ha avanzado que en lo que va de año se han adjudicado 4.391 contratos con cláusulas sociales y medioambientales obligatorias, lo que supone entre un 70 y 75% del volumen de recursos que se destinan a contratación. A estos se suman, ha dicho en sede parlamentaria, 1.148 contratos más que las incluyen aunque no tengan obligación de ello.
La presidenta, que ha calificado de positivo el balance de esta iniciativa, ha señalado que «están jugando un papel ejemplar dentro de la política útil que defendemos». Las cláusulas establecen que las empresas que contraten con la Junta, por ejemplo, deben respetar los convenios sectoriales, subrogar a los trabajadores con las mismas condiciones laborales o cumplir la legislación medioambiental. De este modo se rescinden contratos a empresas que durante dos meses consecutivos no abonen los salarios a sus trabajadores, algo fundamental en casos en los que se externaliza una actividad no esencial de la prestación de un servicio público.
En este sentido, se está elaborando un informe sobre la aplicación de las cláusulas sociales y ambientales en los contratos de la Junta. La previsión es que el documento esté listo este mismo mes de diciembre, según ha informado Díaz.
Las cláusulas sociales, vigentes desde 2016, «son un instrumento positivo» y, para la presidenta, «están marcando una manera distinta de contratar con el sector privado, facilitando la economía social o sectores en riesgo de exclusión«. Además, ya se han admitido y rescindido contratos en función de estas.
Una Comisión de Seguimiento, formada por representantes de los agentes socioeconómicos de Andalucía y representantes de la Junta y que ya se ha reunido en tres ocasiones, es la encargada de la correcta aplicación del contenido de estas cláusulas.
