La AUGC denuncia que según datos facilitados por la Dirección General, correspondientes al decenio de 2007 a 2016, en la provincia de Córdoba el 93,6% de los expedientados pertenecen a la escala básica de Cabos y Guardias, mientras que sólo el 5,8% pertenecen a la escala de Suboficiales, y apenas un 0,6% son Oficiales, o lo que es lo mismo; de 155 expedientados durante ese periodo de tiempo, 145 son Guardias o Cabos, 9 Suboficiales y sólo uno es Oficial.
Queda pues patente que el rigor disciplinario no afecta por igual a todos los componentes de la Guardia Civil en esta provincia, cuanto menor sea su graduación mayor es la posibilidad de ser expedientados y sancionados. De hecho a los Guardias y Cabos se les instruyen expedientes con carácter inmediato, pero cuando un guardia informa de la posible infracción cometida por un mando rara vez o nunca se incoa expediente, limitándose a contestarle que “no se observa infracción”, sin dar más explicaciones y sin hacer averiguaciones al respecto.
Y atendiendo a la tipología de los expedientes, la situación no mejora: en faltas leves el 95% corresponden a Guardias y Cabos, y el 5% restante a Suboficiales; las infracciones graves se reparten con un 91% para Guardias y Cabos, 8% a Suboficiales y 1% a Oficiales; y el 100% de los expedientes por falta muy grave se han incoado a Guardias y Cabos. Debe tenerse en cuenta que esta última tipología es la que conlleva las sanciones más duras, como la suspensión de empleo hasta seis años e incluso la separación del servicio (expulsión de la Guardia Civil).
En cómputo global, el 49% de los expedientados lo han sido por falta leve, el 40% por falta grave y el 11% muy grave. Por años no ha habido una tónica general ni una línea ascendente o descendente continuada, con una media de 15 expedientados por año, fluctuando entre los 7 de 2008 y los 28 de 2014, segundo año del mandato del Coronel Francisco Fuentes, jefe provincial hasta el pasado mes de mayo.
Pero el dato más preocupante es que, mientras los expedientes por falta leve han ido descendiendo en los últimos años hasta llegar incluso a que en 2016 no hubo ninguno, sin embargo no ha ocurrido lo mismo con los expedientes graves o muy graves, que no sólo se han mantenido sino que además se han incrementado.
Y la situación no está mejorando, porque en lo que va de 2017 ya son ocho los expedientados, dos por falta leve y seis por grave, uno de ellos impuesto al secretario de relaciones institucionales de AUGC, Francisco Cruz. AUGC espera que este excesivo rigor disciplinario se atempere tras la llegada del nuevo jefe provincial, Teniente Coronel Juan Carretero, puesto que la mayoría de situaciones conflictivas se pueden solucionar por métodos menos traumáticos, dejando la vía disciplinaria como último recurso.
La Guardia Civil es un cuerpo que siempre ha presumido de ser muy disciplinado, pero la disciplina más severa se aplica casi exclusivamente a las bases de sus trabajadores. El régimen disciplinario se utiliza con frecuencia para represaliar a los representantes de los guardias civiles o para castigar nimiedades carentes de relevancia, mientras que otras acciones de verdadera gravedad protagonizadas por algunos mandos quedan impunes o con escasa sanción. Una vez más, la falta de democracia en la Guardia Civil queda reflejada en las reveladoras estadísticas.
