Constituida la Red Andaluza de Investigación en Drogodependencia y Adicciones para impulsar la investigación, siendo la más amplia de España con algo más de mil profesionales para atender a las personas con adicciones y un presupuesto de 38,3 millones para 2018.
La Junta de Andalucía impulsará la investigación en el ámbito de las drogas y las adicciones con la constitución de la Red Andaluza de Investigación en Drogodependencia y Adicciones (RAIDA).Esta iniciativa es una de las actividades promovidas desde el Observatorio Andaluz Sobre Drogas y Adicciones (OASDA) para fomentar la investigación en materia de adicciones en Andalucía, tal y como se contempla en el III Plan Andaluz Sobre Drogas y Adicciones (2016–2021) de laConsejería de Igualdad y Políticas Sociales. Para Sánchez Rubio «con la creación de este organismo continuamos con el impulso de la investigación y la innovación como uno de los objetivos principales planteados en este III Plan aprobado el pasado año».
La RAIDA se concibe como una Red cooperativa entre el ámbito universitario y clínico, con el fin de facilitar la transmisión del conocimiento en ambos sentidos, mejorando la calidad de las investigaciones y aplicabilidad clínica de los resultados. Su objetivo final es la mejora de los servicios que se prestan a la ciudadanía.
Entre los fines de esta Red de investigación está favorecer el conocimiento y contacto entre los distintos profesionales que investigan sobre adicciones en Andalucía, impulsar la coordinación de la actividad investigadora, facilitar la investigación en materia de adicciones, así como la difusión de los resultados obtenidos entre la comunidad científica, la comunidad clínica y la ciudadanía en general.
La RAIDA está integrada por grupos mixtos compuestos por personal investigador de ámbito universitario y profesionales de la red de centros de tratamiento de las adicciones de la Junta. Andalucía dispone de la red asistencial más amplia del Estado español con algo más de mil profesionales para atender a las personas con adicciones, con un presupuesto de 38,3 millones de euros para 2018.
Esta Red Pública, que garantiza la atención universal y gratuita a las personas con problemas de adicciones en Andalucía, cuenta con 131 Centros de Tratamiento Ambulatorio, 6 Centros de Día, 7 Centros de Encuentro y Acogida, además de 479 plazas en Comunidades Terapéuticas, 31 en Viviendas de Apoyo a personas enfermas de SIDA, 85 plazas en Viviendas de Apoyo a la Reinserción, 16 Viviendas de Apoyo al Tratamiento y 17 en Unidades de Desintoxicación Hospitalarias.
Durante este año, 53.425 personas han recibido tratamiento en la Red, de ellos el 85% son hombres y el 15% son mujeres.
La mayor parte de las personas que reciben tratamiento (32%) lo hacen por adicción a opiáceos, seguidas por alcohol (26%) y por cocaína (22%). Sin embargo, si tenemos en cuenta las admisiones a nuevos tratamientos en este año 2017, el alcohol es ya la sustancia que más admisiones motiva (29%), seguida de la cocaína (27%). Los comportamientos adictivos, tales como juego patológico, adicción a compras, móviles o internet afectan al 5% de las personas que reciben tratamiento en la Red.
Ley de Servicios Sociales
La creación de la Red de Investigación en Drogodependencia y Adicciones está en consonancia con lo que se establece en la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía sobre investigación y desarrollo en Servicios Sociales. Esta nueva Ley dispone que las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales promoverán la investigación científica.
La investigación que se realice en el marco del Sistema Andaluz del Conocimiento estará fundamentalmente orientada a la generación de estrategias y buenas prácticas en respuesta a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y a la contribución al desarrollo económico y social en Andalucía.
Asimismo, en esta Ley se especifica que se promoverá la creación y el uso de las redes e infraestructuras de colaboración científica accesibles al personal investigador andaluz bajo una administración y gestión común.
De este modo, las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales promoverán una cultura participativa en las redes de investigación que permita fomentar la cooperación común de carácter interdisciplinario, identificar materias de investigación transversales y crear redes de conocimiento innovadoras en materia de servicios sociales.