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El Sindicato Profesional de la Enfermería SATSE-Córdoba ha vuelto a reclamar a la Junta de Andalucía la devolución de todos los recortes de derechos y salariales aplicados al personal sanitario. Coincidiendo con el pago del tercer plazo del abono de la paga extra de 2012, SATSE ha calificado de inaceptable el calendario de restitución pactado con los sindicatos de clase que, además, obvia numerosos conceptos que afectan exclusivamente a los sanitarios como la paralización de la Carrera Profesional.

El Sindicato de Enfermería, mayoritario en la Sanidad Pública de Andalucía, ha recalcado que Andalucía es, junto a Cataluña y País Vaso, de las comunidades más retrasadas en la devolución de la paga extra de 2012, cuyo último plazo no está previsto que lo reciban los empleados públicos andaluces hasta dentro de un año, en febrero de 2018. Por el contrario, son ya un total de 12 las autonomías que han restituido íntegramente dicha paga extra, algunas desde hace ya más de un año, caso de Extremadura.

Junto a este retraso, SATSE lamenta que el Gobierno andaluz siga obviando la restitución de derechos que afectan sólo a los profesionales sanitarios como son la Carrera Profesional, paralizada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde 2012 con el recorte económico adicional que conlleva. Dicho recorte, está siendo reconocido por los tribunales que, en numerosas sentencias ganadas por el Sindicato de Enfermería, están obligando al SAS a abonar a los profesionales los atrasos por el reconocimiento de sus niveles de Carrera.

La Carrera Profesional, recuerda el sindicato enfermero, es un derecho de los profesionales del SAS puesto en marcha en 2006 que reconoce, de forma individualizada, su desarrollo en cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de los objetivos de la organización a la cual prestan sus servicios Consta de cinco niveles, con su correspondiente complemento económico, niveles a los que los profesionales acceden tras superar con éxito un Proceso de Certificación.

Complementos variables
Por el impacto económico que supone en las nóminas del personal sanitario especialmente, además de la Carrera Profesional, el Sindicato de Enfermería exige la restitución de las retribuciones variables íntegras, que se vieron reducidas en un 10 por ciento desde la entrada en vigor de Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

En esta línea, el Sindicato de Enfermería explica que el recorte del 10 por ciento que se aplica sobre el personal del servicio sanitario afecta a conceptos que retribuyen las condiciones especiales de penosidad respecto a otros sectores que no realizan trabajos a turnos, noches, festivos, jornada complementaria y dispersión geográfica entre otros, conceptos por los que se cobran en torno al 50 por ciento de la nómina mensual y cuyo hipotético pago se posterga divido en dos plazos del 5 por ciento en 2018 y 5 por ciento en 2019 en el acuerdo de la Junta de Andalucía y los sindicatos de clase.

Por último, el compromiso de devolución del Gobierno andaluz olvida también otros recortes exclusivamente autonómicos como es la restitución de la cuantía del complemento específico de las pagas adicionales de julio y diciembre de 2013 y 2014, y que para Enfermería supone una merma salarial de unos 1.800 euros, según especifica el Sindicato de Enfermería, así como la recuperación de las ayudas de Acción Social que solían ayudar a los profesionales con menos ingresos ante situaciones de especial necesidad como ayudas para prótesis oculares y odontológicas, Sepelios, Fallecimientos, Ayudas para Alquiler o compra de primera vivienda, Accidentes o de Ayuda para Estudios y Guardería.

Ante esta situación, el Sindicato de Enfermería concluye asegurando que mientras se mantengan confiscadas las nóminas de los miles de empleados públicos de la Sanidad andaluza, continuará con su campaña permanente de denuncia, movilizaciones y acciones judiciales hasta que se recuperen todos los derechos laborales y salariales sustraídos en los últimos años, con la excusa de una crisis que los profesionales de la Sanidad Pública no provocaron, ni son responsables de la misma, pero cuyas consecuencias las han sufrido de manera descomunal e inhumana, mientras otros con responsabilidad Directiva y de Gestión percibían y siguen percibiendo varios miles de euros en productividad por recortar derechos a pacientes y profesionales.

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