Nuevos estatutos para la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía

El Consejo de Gobierno ha aprobado los nuevos estatutos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda. Estas normas de organización sustituirán a las vigentes desde 1991, establecidas para la antigua Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), para adaptarlas a las competencias que actualmente ejerce la entidad, así como a la consolidación de su modelo de agencia pública empresarial.

Entre otros cambios respecto a los anteriores estatutos, destacan los relativos a clarificación de atribuciones sobre contratación y ejercicio de potestades públicas; determinación de los puestos de trabajo con consideración de personal directivo, y otras cuestiones en materias de programación, control y personal.

El nuevo texto detalla qué funciones corresponden propiamente a la agencia y cuáles podrá realizar por atribución, delegación o encomienda. Asimismo, recoge la obligación de AVRA de dotarse de un plan de actuación plurianual que prevea un proceso de seguimiento y evaluación. Este documento ya lo tiene elaborado, aprobado y en ejecución desde que el pasado 30 de junio recibió el visto bueno del Consejo de Administración, con un periodo de ejecución hasta 2020.

AVRA debe su actual denominación a la Ley de Función Social de la Vivienda de 2013, que dispuso su creación como entidad de derecho público bajo la razón social de la Empresa Pública de Suelo existente desde 1985. Esta norma también amplió su objeto social con la incorporación de iniciativas de eficiencia energética de la edificación y gestión de las fianzas de los contratos de arrendamiento. Su plantilla actual es de 614 personas, que prestan servicios tanto en la sede central de Sevilla como en las diferentes oficinas distribuidas por las ocho provincias.

Entre las funciones de AVRA destacan la administración y mantenimiento del parque público de viviendas de Andalucía, con más de 84.000 inmuebles a su cargo, y la gestión de un patrimonio propio de suelo residencial e industrial de 23,2 millones de metros cuadrados y de otros 13,8 millones de titularidad de la Junta mediante encomienda, así como de las fianzas por alquileres.

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