Coag y Asaja están en desacuerdo con el actual planteamiento de la PAC post-2020 ante la excesiva complejidad, distorsiones en las rentas de los agricultores de distintos países, cada estado puede tener su propio marco legal para la concesión de las ayudas agrarias, minando su carácter común y no respondiendo a las necesidades de los agricultores y ganaderos
La Comisión Europea, de la mano del Comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha hecho públicas las propuestas legislativas para la reforma de la PAC para el periodo 2021-2027. Con su presentación se inician las negociaciones formales entre las instituciones comunitarias, esencialmente Consejo y Parlamento Europeo, para dar forma a las nuevas políticas agrarias de la UE para el próximo periodo presupuestario.
COAG: La “letra pequeña” de la pac post-2020 sienta las bases para dinamitar la única política común de la UE
COAG Andalucía califica de “grave error estratégico de consecuencias imprevisibles” y considera que los “Planes de Apoyo” nacionales, principal cambio en la arquitectura de la PAC, sientan las bases para dinamitar la única política común de la UE al habilitar a los EE.MM a establecer su propio marco jurídico para la concesión de las ayudas agrarias.
Para COAG este enfoque resulta inaceptable porque erosiona gravemente el principio del carácter comunitario de la PAC y puede provocar serias distorsiones entre rentas agrarias y agricultores de distintos países. La financiación debe ser 100% comunitaria del primer pilar (pagos directos) y los pagos anuales establecidos en el mismo deben estar completamente asegurados. Esta organización rechaza cualquier tipo de renacionalización de la PAC porque tendrá consecuencias imprevisibles para la delicada economía agraria y el medioambiente y pone en peligro el valor añadido que supone contar con un mercado único. Hasta ahora, el marco legal de la PAC ha sido establecido por la Unión Europea, tanto en los Reglamentos de Base como a través de Reglamentos Delegados y de Aplicación. Los Reglamentos han sido el instrumento legislativo que ha permitido conseguir una Política Agraria integradora y Común.
Asimismo, COAG considera lamentable que la única novedad de la Comisión a la hora de priorizar la ayudas a los verdaderos agricultores sea un cambio de denominación: de agricultor activo a genuino. COAG rechaza este cambio de nombre ya que introduce confusión y reclama que se recupere la iniciativa planteada en la reforma de 2013 para identificar a aquellos titulares que desarrollan una actividad agraria significativa, de forma personal y directa y cuya renta depende en un porcentaje apreciable de la misma. De esta forma se evitaría que perceptores ajenos al sector se estuvieran lucrando de los pagos directos de la PAC. COAG propone que un agricultor/a sea considerado activo/a si cumple con la definición de agricultor profesional establecida en nuestro país.
Respecto a la condicionalidad de los pagos directos, la propuesta de la Comisión conlleva la incorporación obligatoria de los requisitos del Greening dentro del paraguas de una condicionalidad reforzada. Lo que no tiene sentido es que se establezca una nueva capa denominada “eco-esquema” que añada complejidad y duplicidad a la labor medioambiental de los agricultores, cargando de más burocracia la gestión.
COAG apoya una condicionalidad adaptada a la realidad de las explotaciones agrarias, simplificada en su aplicación por parte de los agricultores con una reducción de la carga administrativa, siempre que exista un reconocimiento y legitimación del esfuerzo adicional que se le está pidiendo a los agricultores/as. No es de recibo que se planteen mayores exigencias medioambientales y de estándares de calidad y seguridad alimentaria y al mismo tiempo se propongan recortes presupuestarios que, sumados a la pérdida poder adquisitivo por efecto de la inflación, pueden alcanzar el 16,6% en los fondos agrarios para el periodo 2021-2027, incidiendo fundamentalmente en el capítulo de desarrollo rural (-27%, en apoyo a la incorporación de jóvenes y mujeres, modernización de explotación, regadíos, innovación, agroambientales, mejora de infraestructuras, etc..) , pilar básico para los activos profesionales y para el modelo social de agricultura, mayoritario en España y Europa.
En el epígrafe de ayudas acopladas, lamentamos el recorte del 15 al 13% en la opción de establecer medidas vinculadas a la actividad, únicas ayudas del primer pilar dirigidas a sectores con dificultades y a los verdaderos activos del sector.
Entre los aspectos positivos de la propuesta, COAG destaca los siguientes:
- Techo de ayudas por explotación. COAG siempre ha apoyado el establecimiento de un techo obligatorio a los pagos directos. Lamentablemente, estas propuestas han acabado frustrándose en anteriores reformas. Valoramos la propuesta de la Comisión Europea de establecer un techo de 60.000 € a los pagos directos (siempre teniendo en cuenta el empleo en las explotaciones).
- Pago Redistributivo Complementario a la Renta. Valoramos la introducción de un pago redistributivo a la renta para favorecer a las explotaciones del modelo social y profesional de agricultura. Consideramos que es imprescindible que dicho pago se establezca en función de las diferentes gamas de hectáreas que existen en el territorio español, con el fin de evitar transferencias entre diferentes sectores de producción. En cuanto al límite de hectáreas, debería establecerse un mecanismo que evite que esta medida beneficie a los absentistas. Asimismo, la puesta en marcha de este pago debe estar ligada a la instauración de una figura de agricultor activo similar al concepto de agricultor profesional.
- En ese sentido, COAG Andalucía considera que el pago redistributivo debe ser obligatorio para todos los EEMM, y que a él debe destinarse un montante de los fondos de pagos directos adecuado al objetivo que se persigue, que es evitar la concentración de las explotaciones en pocas manos, el abandono de la actividad y el despoblamiento del medio rural.
- Sistema de asesoramiento a las explotaciones agrarias. La innovación debe considerarse siempre desde la participación del sector agrario y conforme a sus necesidades de desarrollo. Ha de dirigirse al desarrollo del modelo social y profesional de agricultura mayoritario en Europa y en ningún caso al fomento de macro-explotaciones y sistemas de integración, que desplazan a los profesionales implantando un modelo de agricultura sin agricultores y hurtan el valor añadido al medio rural y por tanto su desarrollo y bienestar.
ASAJA: La comisión europea, con su propuesta de reforma, multiplica la complejidad de la pac actual, mina su carácter común y no responde a las necesidades de los agricultores y ganaderos
Asaja insta al gobierno de españa a defender el carácter nacional de la pac y a trabajar para ampliar el número de países firmantes de la alianza por una financiación adecuada de la pac suscrita ayer en madrid
Desde ASAJA denuncian que los agricultores dejarán de ser los protagonistas de la PAC a partir de 2021, puesto que la Comisión Europea relega a un segundo plano el carácter productivo, el fomento de la eficiencia empresarial y los mecanismos de regulación de mercado para dar mayor protagonismo a medidas cosméticas de supuesto carácter social o medioambiental.
Estas propuestas introducen además una mayor complejidad y abren aún más la puerta a la renacionalización y la regionalización de la PAC, en un ataque frontal al carácter común que ha distinguido hasta ahora a esta política y que socavará un principio básico como el de la unidad de mercado.
La propuesta profundiza también en su renacionalización al trasladar a los estados miembros o incluso a las regiones muchas de las responsabilidades que ahora ostentaba la propia Comisión y que tenían un carácter común para todos los agricultores europeos.
Y es que, contrariamente a lo anunciado, la reforma que se planteaba desde la simplificación, introducirá una mayor complejidad e incertidumbre al trasladar los mecanismos propios del funcionamiento del segundo pilar al primero -tal como se plantea en los denominados planes estratégicos-, lo que generará problemas de gestión en el primer pilar, el de las ayudas directas, y podrá conllevar mayor incertidumbre y retrasos en los pagos.
La Comisión Europea plantea además una nueva arquitectura medioambiental que, además de ser más compleja, establece mayores exigencias que pueden restar eficiencia a la actividad agraria de las explotaciones.
En lo que respecta a los mecanismos de gestión de mercados, la CE persiste en su desmantelamiento, continúa por la senda abierta en 1992 y no aporta medidas nuevas para salvar oscilaciones de mercados que puedan sufrir los agricultores y ganaderos en determinados periodos, más graves si cabe en momentos de volatilidad de mercados como los actuales.
Desde ASAJA somos firmes defensores de que los pagos lleguen en toda Europa a aquellas explotaciones donde se realice una agricultura efectiva y real, mientras que la CE se esfuerza en vendernos medidas de carácter cosmético como la figura del “agricultor genuino” (antes agricultor activo) o la introducción de límites en el pago de las explotaciones, medidas de cara a la galería cuya finalidad está más que en entredicho.
Por su parte, la introducción de medidas de limitación de pagos o Capping carece de argumentación técnica o económica y ha sido rechazada por las organizaciones agrarias europeas y cooperativas integradas en el COPA-COGECA. No se ha valorado el impacto que tendría la aplicación de esta medida sobre la estructura de las explotaciones y sus repercusiones en las inversiones, el empleo, la capacidad productiva y la capacidad exportadora de las explotaciones.
No obstante, la reforma contiene también algunos aspectos positivos. Mantiene la estructura de la PAC en dos pilares, permite que el estado miembro mantenga el sistema nacional -lo que ofrece la posibilidad de que España mantenga el modelo actual de pagos directos- y apuesta por la financiación íntegramente comunitaria de las ayudas directas.
Y por último, también entre los aspectos positivos, la reforma profundiza en el relevo generacional y la innovación, fundamentales para garantizar la continuidad de la actividad agraria más allá de 2027.
Desde ASAJA hemos manifestado que no se puede responder a más obligaciones con menos dinero por lo que entendemos que para desarrollar una propuesta agrícola a la altura de las expectativas es fundamental que se incremente el presupuesto de la PAC, y consideramos que la declaración común en defensa de una financiación adecuada para la PAC que firmaron ayer en Madrid los representantes de Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Portugal y España es un punto de partida fundamental, por lo que el Gobierno de España debe perseverar para lograr que se amplíe el número de países firmantes de esta declaración.
Asimismo, desde ASAJA mantenemos nuestra apuesta por una posición nacional fuerte que permita defender en Bruselas una PAC al servicio de los agricultores y ganaderos con un presupuesto fuerte que garantice que se cumplen con todos los objetivos.
