Los Presupuestos Generales del Estado siguen sin dar respuesta a nuestras principales demandas en empleo y pensiones

El Congreso de los Diputados aprobaron ayer los Presupuestos Generales del Estado para 2018, ya a mitad de año, sobre la base de los presentados por el anterior Gobierno. Desde USO, valoramos ante todo el ejercicio de responsabilidad política que supone aprobar las cuentas para dar estabilidad en un momento de tanta convulsión como ha sido el de este cambio de Ejecutivo. Sin embargo, no son las cuentas que necesita el conjunto de la sociedad española.

El empleo, en general, que debería llevar años centrando las políticas de un país que lleva diez años en crisis, es el gran olvidado de las partidas claras y efectivas para potenciarlo, tanto en cantidad como en calidad. “El apartado correspondiente a formación para el empleo ya viene viciado por el propio sistema de formación que los trabajadores padecemos, igual de ineficaz y de baja calidad que el anterior, en el que prima más quiénes gestionan esas subvenciones que los destinatarios de esas acciones”, expone Joaquín Pérez, secretario general de USO. “Igualmente, deseamos que la dotación para el Plan de Garantía Juvenil no se quede en una mera declaración con poco recorrido efectivo y mínima inserción laboral de nuestros jóvenes, y que de verdad sea efectivo”, añade.

En cuanto a las pensiones, “se siguen poniendo parches, sin afrontar el verdadero problema, que es dejar de empobrecer a nuestros jubilados presentes y garantizar el cobro de las pensiones futuras mediante su blindaje en la Constitución. Solo con las movilizaciones y la presión social, se consiguió una negociación parlamentaria que pasase del 0,25% al IPC como indicador de subida. Una decisión de mínimos que, sin embargo, no debería depender de los vaivenes partidistas, ya que no existe ningún compromiso para que en los años venideros esta subida se mantenga”, pide el secretario general de USO.

También en la calle, con las manifestaciones del 16 de mayo de las que USO formó parte, se consiguió la partida presupuestaria de 200 millones prometida para el Pacto de Estado de Violencia de Género. Pero Joaquín Pérez se lamenta de que “el marco de los Presupuestos no resuelve otras reivindicaciones de la USO, como la obligatoriedad de los planes de igualdad en todo tipo de empresas, o la necesidad de tomar muchas más medidas en empleo femenino, pues la brecha de género se está acrecentando con el inicio de la recuperación, ya que las cifras del paro y los sueldos están mejorando a dos velocidades, en función del sexo”.

En el apartado fiscal, “USO valora que se beneficie a las rentas más bajas. Sin embargo, estas modificaciones en el IRPF deben ser solo el inicio, ya que España requiere un profundo cambio fiscal que grave las nuevas realidades de la economía, que persiga de forma decidida la economía sumergida y el fraude, y que permita garantizar un futuro sostenible y no cuestionable del Estado del Bienestar”, concluye Joaquín Pérez.

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