La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha avanzado que la Ley andaluza de Participación llegará al Parlamento autonómico el próximo mes de abril con el objetivo de «acercar a los ciudadanos a la toma de decisiones».
En la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento andaluz, Díaz ha destacado esta futura norma al hacer un repaso de la actividad legislativa del Ejecutivo andaluz en los nueve primeros meses de la legislatura, que se ha traducido en 12 iniciativas legislativas y 9 anteproyectos de ley en marcha.
Entre esas iniciativas legislativas, ha mencionado la Ley de protección de derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre viviendas, la de Memoria Democrática, la de Servicios Sociales, la de Garantía y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público o el decreto de Medidas Urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo.
Para la presidenta de la Junta, toda esta actividad legislativa, como el resto de la acción del Gobierno andaluz, tiene su base en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, una norma «viva» que fue aprobada en 1980 y reformada en 2007.
Susana Díaz ha reivindicado la utilidad que ha tenido el Estatuto de Autonomía «en los años más difíciles y duros de la crisis» y ha especificado que cumplir esta norma ha permitido «resistir a los recortes» en el Estado del Bienestar; mejorar los «indicadores económicas» de la comunidad y «avanzar y profundizar en la democracia».
La creación de empleo, el principal objetivo y prioridad
Díaz ha insistido en que la creación de empleo va a continuar siendo el principal «objetivo y prioridad» del Gobierno andaluz, para «rebajar las preocupantes cifras de paro» en la comunidad y, en esa línea de trabajo, se van a poner en marcha iniciativas como la Ley de Emprendimiento, el Plan de Actuación del Trabajo Autónomo o las medidas para abundar en la simplificación de trabas burocráticas y en las mejoras del crédito a los empresarios.
Asimismo, se van a impulsar «reactivando todos los sectores» de actividad económica, tanto los tradicionales, con la Ley integral de agricultura, el Plan general de turismo sostenible, la convocatoria de incentivos a la industria por 70 millones o el plan de construcción sostenible; como los emergentes, con la nueva Estrategia minera hasta 2020, que se aprobará en abril, o el Plan Andaluz de Innovación, Desarrollo e Investigación, que pretende ser un «motor de la inversión pública y privada».
Esta promoción económica va unida, en la gestión del Gobierno andaluz, a la «salvaguarda de la educación, sanidad y atención de los dependientes», ya que el objetivo del Ejecutivo andaluz es «mantener y mejorar el Estado del bienestar», con nuevos planes educativos (como el de Éxito escolar o el Familia Segura), el blindaje por ley de la sanidad pública, el incremento en un 10% del presupuesto dedicado a dependencia o con las medidas para garantizar el derecho a una vivienda y paliar los desahucios.
Igualmente, el Ejecutivo andaluz viene apostando, ha dicho la presidenta, por la «transparencia en las instituciones», con una política de «puertas y ventanas abiertas» que se traduce en una Ley de Transparencia que sitúa a Andalucía «en la vanguardia en rendición de cuentas» y con otra de Participación Ciudadana que llegará a la Cámara andaluza en las próximas semanas.
Como guía de esa acción de Gobierno, según Díaz, Andalucía cuenta con su Estatuto de Autonomía, convertido en «la mejor hoja de ruta» para «garantizar la igualdad y la calidad de vida de los ciudadanos».
El decreto de atención temprana, en abril
Susana Díaz ha explicado que el Decreto de Atención Temprana en Andalucía se va a aprobar también el próximo mes de abril tras someterse a diálogo y consultas con diferentes colectivos que representan al 80% de los 13.500 niños atendidos en Andalucía, por parte de 800 profesionales y en 163 centros.
La aprobación en abril permitirá que las medidas recogidas en el decreto se encuentren íntegramente en funcionamiento en septiembre y que, al final del curso 2016-2017, se pueda someter a evaluación su eficacia en los colegios y en los centros de atención infantil temprana.
En materia presupuestaria, la norma prevé un aumento de 23 millones de euros de la dotación en atención temprana a lo largo de la legislatura, hasta alcanzar los 35 millones, y recoge una unidad de atención temprana en cada provincia y dos en el caso de Cádiz, Málaga y Sevilla, que son las provincias con más casos.
Conciliación y corresponsabilidad
En su respuesta a los grupos políticos, Susana Díaz ha vuelto a insistir en la necesidad de conciliación laboral y familiar y de la corresponsabilidad, porque, ha dicho, «no podemos tolerar que siga recayendo en las mujeres el coste de la responsabilidad doméstica y del cuidado de sus familiares».
Tras evidenciar el reparto desigual de las tareas domésticas entre hombres y mujeres, la presidenta de la Junta ha remarcado la necesidad de contar con una «sociedad corresponsable» y, para promoverla, el Gobierno andaluz lanza medidas como la Ley de Igualdad, el Programa Concilia, la ampliación de la oferta horaria de los centros educativos, que el curso próximo contarán con más plazas de aulas matinales y comedor; el aumento de la inversión en dependencia y las medidas que facilitan la conciliación de los empleados públicos autonómicos.