La nueva Ley de FP de Andalucía adecuará la oferta formativa a las necesidades del mercado laboral

La nueva Ley de FP de Andalucía adecuará la oferta formativa a las necesidades del mercado laboral

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Una Ley de FP para dar respuesta a los nuevos retos formativos y de cualificación profesional, ademas de contar con el aval de organizaciones y organismos del sector, para potenciar así la empleabilidad de los jóvenes.

El proyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía tiene como objetivos incrementar la empleabilidad de la población andaluza y elevar la cualificación profesional de los trabajadores, así como adecuar la oferta formativa a las necesidades reales del mercado laboral y a las expectativas del alumnado. Así lo ha asegurado la consejera de Educación, Sonia Gaya, en el debate de totalidad en el Parlamento de la nueva norma, que cuenta con el aval de organizaciones “imprescindibles” en la FP de la comunidad.

En su intervención, la consejera ha explicado que el proyecto de Ley de FP diseña el Sistema de Formación y Cualificación profesional de Andalucía que sentará las bases para que se integren la FP Inicial y para el Empleo y la creación de un sistema permanente de evaluación y acreditación de las competencias profesionales con un servicio regular y estable, sin que sea necesario esperar a convocatorias puntuales.

Además, Andalucía contará con un servicio de información y orientación profesional integrado, en el que los profesionales de la educación y de los servicios de empleo indicarán a la ciudadanía “el camino más adecuado” para iniciar o continuar su itinerario formativo de la forma más eficiente y personalizada posible y nuevos mecanismos de Gobernanza. De esta manera, habrá una planificación estratégica que garantice una oferta formativa integral “coherente y complementaria” y que pueda anticiparse a los cambios y responder a la demanda de mano de obra cualificada.

Respecto a los nuevos mecanismos de Gobernanza, la futura ley creará el Consejo Rector como órgano en el que se centra la planificación estratégica y la evaluación. Estará integrado por representantes de la Junta y de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Asimismo, se ampliarán las competencias del Consejo Andaluz de Formación Profesional, como órgano consultivo, de coordinación y de participación y se crearán en su seno las comisiones paritarias sectoriales y la intersectorial, órganos de participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Por su parte, el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales se transforma en un servicio administrativo de gestión diferenciada que actuará como instrumento de apoyo técnico al Consejo Andaluz de FP y al Consejo Rector. Estará presente en todas las fases de planificación y diseño de la oferta.

Impulso a la FP Dual y a la formación
El proyecto de Ley también potencia la Formación Profesional Dual, con actuaciones que combinan tanto el ámbito educativo como el de empleo. En este sentido, la consejera ha destacado que este modelo que alterna el aprendizaje de conocimientos con el trabajo efectivo en las empresas es “absolutamente eficaz” para alcanzar la empleablidad de los jóvenes.

También impulsa nuevos programas formativos que den respuesta a la innovación permanente en todos los sectores productivos, especialmente al impacto de la economía digital y al desarrollo de la industria 4.0 y a la demanda de las empresas con necesidades de cualificación de sus recursos humanos.

Otra aportación importante del texto normativo es la simplificación de los procedimientos. En este sentido, las consejerías competentes en materia de Educación y de Empleo establecerán mediante el correspondiente desarrollo reglamentario los mecanismos necesarios para coordinar una Red de Centros de Formación Profesional de Andalucía. Esto permitiría racionalizar los procedimientos administrativos así como mejorar la eficiencia de la oferta formativa de los sistemas educativo y laboral en materia de formación profesional.

Igualmente, Sonia Gaya ha subrayado que el nuevo modelo de FP tiene “vocación de universalidad” y garantizará la igualdad de oportunidades y la accesibilidad a las personas con discapacidad y a los colectivos más vulnerables. Se trata de un marco normativo que requerirá un importante desarrollo reglamentario pero que mejorará la formación de los andaluces, su cualificación, implicará a los sindicatos y a las empresas, garantizará la movilidad profesional, permitirá que se planifiquen los mejores itinerarios formativos y contribuirá a dar respuesta a las demandas del sector productivo.

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