La AUGC considera decepcionante que solo 6 de las 1.437 vacantes publicadas para guardias civiles en todo el país, corresponden a la provincia de Córdoba a pesar de que hay 141 sin cubrir, según los últimos datos facilitados por el Gobierno.
Pero es que además las escasas vacantes anunciadas apenas servirán para cubrir las que se van a producir por quienes se vayan destinados a otras provincias en esta misma convocatoria.
Las seis vacantes publicadas se distribuyen así:
- dos en el Puesto de Palma del Río
- dos en el Puesto de El Carpio
- una en el Núcleo de Servicios y una en Policía Judicial de Córdoba.
Por lo tanto una vez más se quedan sin refuerzos aquellas unidades que más lo necesitan, como los Puestos de Peñarroya, Bujalance, Rute y otros.
Nuevamente Córdoba se ve agraviada por la Dirección General de la Guardia Civil, porque una vez más es la provincia andaluza en la que se publican menos vacantes, muy por debajo de otras como
- Sevilla (38)
- Jaén (30)
- Almería (24)
- Cádiz (21)
- Málaga (21).
Pero es que además sólo hay seis provincias en todo el país con menos vacantes –Albacete, Lugo, Ourense, Palencia, Valladolid y Vizcaya–, la mayoría de ellas con menos habitantes que Córdoba.
De este modo se enquista y agrava el problema de déficit de plantilla en la provincia de Córdoba que AUGC lleva años denunciando, de hecho el propio Gobierno reconoció que en los últimos cinco años la Guardia Civil ha perdido un 5% de su personal en esta provincia. Debe recordarse que Córdoba es la provincia de Andalucía con menos guardias civiles, a pesar de que no es la que tiene una menor población.
AUGC considera decepcionante esta convocatoria de vacantes, porque no va a paliar ni siquiera mínimamente el problema de personal existente, y los guardias civiles cordobeses que se encuentran en otras provincias ven truncada una vez más la esperanza de poder regresar a su tierra.
AUGC reitera una vez más que la seguridad y la austeridad están reñidas, las tasas de reposición de personal en seguridad, educación y sanidad deben estar por encima de recortes presupuestarios y planteamientos políticos, si se quiere mantener el Estado del Bienestar.
