Ninguna de las vacantes publicadas por la Dirección General de la Guardia Civil ninguna corresponde a la provincia de Córdoba.
AUGC lleva años denunciando el agravio y perjuicio que supone para la provincia de Córdoba la insuficiente plantilla de la Guardia Civil existente en relación a la población que en ella reside, y ahora esa situación se recrudece aún más, porque de las 343 vacantes anunciadas hace unos días por la Dirección General de la Guardia Civil ninguna corresponde a esta provincia.
Y ello a pesar de que en determinadas unidades es acuciante la necesidad de incrementar la plantilla, especialmente en algunos Puestos de Seguridad Ciudadana, que para poder cubrir los servicios se ven obligados a organizar patrullas mixtas con personal de distintas unidades.
Debe recordarse, como AUGC hizo público hace unos meses, que en la provincia de Córdoba sólo se dispone de un guardia civil por cada 691 habitantes, mientras que la media nacional es de uno por cada 516 habitantes.
De hecho la cordobesa es la provincia de Andalucía con menos guardias civiles, a pesar de que no es la que tiene una menor población, porque Almería, Huelva y Jaén cuentan con menos habitantes y sin embargo disponen de plantillas de la Guardia Civil superiores a la de Córdoba.
Pero es que además llueve sobre mojado, porque en la anterior convocatoria de 994 vacantes sólo 11 fueron para esta provincia, y reforzando únicamente tres unidades. Obviamente era un número de vacantes insuficiente para paliar el déficit de plantilla existente en la Guardia Civil de la provincia de Córdoba, que tiene unas 100 plazas sin cubrir desde hace mucho tiempo, y ahora el problema se agrava aún más al no asignar ni una sola vacante a esta provincia.
Con más de 30.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).
