Ante los argumentos del Comité de Expertos que ha elaborado el Informe para la Reforma del Sistema Tributario Español, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas rechaza un posible impuesto sobre el vino por el grave perjuicio económico que el impuesto causaría en un sector que está considerado patrimonio cultural y económico para numerosas regiones del país.
La CECRV se manifiesta contraria a la creación de un posible impuesto sobre el vino, recogida en el Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español que le fue entregado el pasado jueves al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Dicho informe, recoge una serie de recomendaciones para la reforma fiscal que está estudiando el gobierno, entre ellas se propone la de “considerar la posibilidad de establecer un impuesto a tipo muy reducido sobre el vino, como recientemente se ha hecho en Francia” y “la necesidad de proceder a un incremento progresivo de los impuestos sobre el alcohol, hasta acercarse a la media comunitaria, incrementos que deberían tener en cuenta también la posible evolución de la demanda”, asi como “revisar periódicamente los tipos específicos, para conseguir que se mantenga el peso de la imposición sobre el precio final”.
Los argumentos que el informe emplea para justificar estas medidas son esencialmente dos:
- La necesidad de corregir los efectos externos negativos derivados del consumo
- Equiparar la realidad impositiva de este producto a países de nuestro entorno, hasta alcanzar la media europea de imposición sobre el alcohol.
CECRV considera que estas propuestas obvian la realidad actual del sector, cuyo maltrecho nivel de consumo está entre los más bajos de los países de nuestro entorno, por lo que un impuesto que gravase el vino, sólo serviría para reducir aún más su consumo, lo que tendría consecuencias dramáticas para el sector
Asimismo y partiendo de esa base, la Conferencia estima esencial tener en cuenta la realidad sociocultural y económica que el producto tiene en cada país. Además, considera que no se puede considerar el impuesto francés sobre el vino un referente para gravar el producto en España:
- Porque dicho impuesto, que no es de reciente creación, no tiene fines recaudatorios, sino de control
- Porque precisamente el año pasado la movilización del sector francés permitió frenar una iniciativa del gobierno para imponer un impuesto al producto, precisamente por el grave perjuicio económico que tendría para un sector que está considerado patrimonio cultural y económico del país.
- La CECRV entiende que el informe no respeta la categorización diferencial del vino dentro de las bebidas alcohólicas, en tanto que el vino está considerado como alimento por la legislación española, parte integrante de la dieta mediterránea consumido con moderación y durante las comidas y de un producto que contribuye de forma significativa a una actividad tan importante para la economía de nuestro país como el turismo, que configura y aporta una realidad paisajística y medioambiental innegable, fijando población al medio rural y que forma parte del patrimonio cultural de nuestro país.
Por todo ello, un posible impuesto tendría efectos muy negativos sobre:
- La actividad económica que comporta el vino en numerosas regiones,
- Las exportaciones del producto, que han contribuido significativamente como activo compensador de nuestro elevado déficit comercial,
- Una merma en las exportaciones beneficiaría a los países que compiten directamente con España dentro del sector, lo que redundaría en la caída de la actividad.
Por todas estas razones, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas se posiciona totalmente en contra de la creación de un impuesto que perjudicaría gravemente la actividad, el desarrollo de un producto que forma parte de nuestra cultura, patrimonio, fuente de calidad y prestigio para nuestro país.
CECRV
La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas integra en la actualidad a 52 Consejos Reguladores, representativos de 54 denominaciones de origen (los consejos de Jerez y Málaga lo son también de las D.O. Manzanilla y Sierras de Málaga, respectivamente).
En términos comerciales sus asociados agrupan a más de 4.500 bodegas en todo el país, que comercializan una cifra superior a 1.384.000.000 botellas de vino con D.O.
Los 52 Consejos Reguladores integran más de 134.500 viticultores, titulares de más de 580.000 hectáreas de viñedo.
Fuente: D.O. Montilla Moriles
