La caída de precios empaña un año de récord de producción agraria

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que las cifras récord en el valor de la producción agraria en 2016 (46.487 millones €) se ven empañadas por la caída generalizada de los precios, -3,2% en cultivos agrícolas y -4,6% en sectores ganaderos.

Por sectores, destacan los descensos en plantas forrajeras (-11,9%), hortalizas (-10,9%), cereales (-10,9%), aceite de oliva (-5,1%) y plantas industriales (-3,7%). En ganadería, 2016 deja una caída generalizada en todos los sectores: huevos (-14,2%), aves (-12,7%), leche (-5,4%), ovino-caprino (-5,0%), porcino (-1,3%) y vacuno (-0,4%).

Según la 1ª estimación de la renta agraria publicada por el MAPAMA, la Renta Agraria total en términos reales durante el año 2016 ha experimentado un ascenso del 4,3% respecto a 2015, un 5,1% en términos corrientes. Es un dato engañoso porque el aumento es consecuencia directa de una mayor producción y no tanto por unos mejores precios percibidos por el agricultor”, ha subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG.

En este sentido, destaca especialmente el aumento en la cantidad producida de aceite de oliva (69,9%), cereales (18,1%), plantas industriales (17,8%), plantas forrajeras (5,0%), hortalizas (1,9%), vino y mosto (0,3%).

A pesar de la tendencia alcista, desde 2003 ((año de la reforma de la PAC), el sector agrario se ha dejado por el camino el 21% de su renta.

Evolución de la renta agraria en términos reales (2003 – 2016)

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Elaboración propia

Como datos positivos, cabe destacar que por primera vez en la última década aumentan los activos agrarios (+1,6%) y desciende ligeramente (-3,4%) el precio de los principales insumos (semillas/plantas de vivero, energía, fertilizantes, fitosanitarios, alimentos para el ganado, gastos veterinarios, etc…).

Prioridades agrarias para 2017

  • La renovación de la actual Ley 19/95 de Modernización de Explotaciones a través del Estatuto de la Agricultura Social y Profesional. Se ha conseguido uno de los principales objetivos de la Ley 19/95, como es el incremento de la dimensión económica de las explotaciones agrarias, tanto a través del incremento de superficie como de la productividad, pero, desgraciadamente, se ha fracasado a la hora de mejorar la viabilidad económica de las mismas y por tanto la renta de los agricultores y ganaderos.

  • El creciente envejecimiento del sector agrario evidencia la urgencia y necesidad de una ambiciosa política de relevo generacional en el conjunto del Estado. En ese sentido, desde COAG se estima necesario priorizar la medida de apoyo a la instalación de agricultores jóvenes.

  • Creación del Observatorio de costes y mercados de insumos para aumentar la vigilancia de los oligopolios que controlan los insumos del sector: energía, fertilizantes, piensos, semillas, etc. y evitar así la especulación y los costes injustificadamente elevados para los agricultores y ganaderos.

  • Desde COAG se propone mejoras de la Ley de Cadena Alimentaria, tales como el aumento y optimización de los recursos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), la extensión de los contratos obligatorios al conjunto de las operaciones en la cadena, la introducción de la “venta a pérdidas” como práctica comercial abusiva sancionable, la ampliación de la figura del mediador y la prohibición de las campañas de promoción basadas en el regalo de alimentos básicos (productos primarios o productos envasados como leche o aceite de oliva) para no inducir a error sobre el precio y valor real de dichos productos.

  • Por su parte, el seguro agrario debe ser una estrategia fundamental de mantenimiento de rentas ante el entorno económico actual tan volátil y por el esperable aumento de los riesgos para la agricultura ocasionado por los efectos del cambio climático. En ese sentido, se reclama un incremento de la partida presupuestaria estatal destinada al seguro agrario al menos hasta los niveles de 2007-2011, para reducir el coste de las pólizas y contribuir a la universalización del seguro.

  • Proceso de negociaciones de la nueva PAC 2020. El Ministerio de Agricultura debe trabajar en Bruselas por una nueva orientación de la Política Agraria Común más social y profesional, que acabe con “verdeos” de escaparate y priorice los apoyos a los verdaderos profesionales agrarios, que trabajan directamente en su explotación y generan desarrollo económico y bienestar social en el medio rural.

  • Rechazo al Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión entre la UE y EEUU (TTIP). El TTIP es una amenaza para el modelo europeo de agricultura y alimentación, basado en la calidad, la sostenibilidad y la diversidad.

  • Impulso a la transformación digital y el big data en el campo. Las explotaciones agrarias deben prepararse para una irrupción tecnológica nunca vista y ello nos preocupa tres aspectos críticos: el relevo generacional, la privacidad y uso de los datos de las explotaciones y la formación del capital humano.

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