La Consejería de Salud designará interlocutores sanitarios territoriales en cada provincia con el objetivo de continuar avanzando en materia de prevención de agresiones a profesionales en los centros sanitarios públicos. Estos interlocutores canalizarán, además, la comunicación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en cuanto a las agresiones registradas en la sanidad pública andaluza y la información sobre las medidas de seguridad puestas en marcha, los cursos de formación y las medidas de prevención puestas en marcha.
Los interlocutores provinciales realizarán además el seguimiento de las distintas medidas de apoyo a los profesionales que han sufrido una agresión. La puesta en marcha de esta nueva figura es una línea de trabajo más del ‘Plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales’ de Andalucía, puesto en marcha en 2005 y el primero a nivel nacional en este ámbito.
«El Gobierno andaluz tiene una especial sensibilidad y compromiso con las agresiones a profesionales», ha asegurado la consejera de Salud, Marina Álvarez, en el pleno del Parlamento andaluz, donde ha puesto en valor que Andalucía fuera la primera comunidad en poner en marcha un plan específico en este ámbito, para desarrollar medidas de prevención y control, así como de apoyo a los profesionales.
La titular de Salud ha destacado el empeño de la Administración sanitaria andaluza y el trabajo conjunto realizado con el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para conseguir que estas agresiones pudieran ser consideradas como delito de atentado. De hecho, ya en 2009 se consiguieron las primeras condenas en este sentido.
Así, el Servicio Andaluz de Salud ha logrado más de 2.500 sentencias condenatorias por agresiones a profesionales en los centros sanitarios públicos desde la puesta en marcha en 2005 del Plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz. Del total de las sentencias condenatorias, 163 han sido por delitos de atentado y el resto por amenazas, lesiones e injurias, entre otras. Además, durante el mismo periodo, la asesoría jurídica del SAS ha realizado 2.399 asistencias letradas a profesionales víctimas de agresiones en el desempeño de su trabajo. En cuanto a datos más recientes, en 2017 se han realizado 164 asistencias letradas y se han logrado 154 sentencias condenatorias, 32 de ellas por delitos de atentado.
El Plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía engloba asistencia jurídica, apoyo psicológico, formación y diferentes medidas y protocolos con el objetivo de prevenir y minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir los profesionales sanitarios en sus centros de trabajo. Asimismo, establece un protocolo de actuación en el que se recomienda a los profesionales qué hacer ante una agresión física o verbal.
Uno de los objetivos para evitar situaciones de conflicto es que el mayor número posible de profesionales cuente con las habilidades sociales necesarias para abordarlas de la forma adecuada. Por ello, se ha impartido formación de la que ya se han beneficiado un total de 54.056 profesionales para aprender a identificar posibles situaciones conflictivas y el perfil de los potenciales agresores, así como saber actuar en consecuencia. Así, se les ofrecen las herramientas necesarias para mantener un comportamiento que favorezca una relación de confianza mutua con el usuario, desarrollar habilidades de autocontrol, saber escuchar activamente, y empatizar con los pacientes y usuarios para evitar situaciones de riesgo.
Los centros sanitarios cuentan también con elementos de seguridad como dispositivos de alarma o interfonos en consulta, videocámaras, salidas alternativas en consulta, instalación de software antipánico en ordenadores o vigilantes.
En 2017, se registraron un total de 1.115 agresiones entre profesionales de la sanidad pública, lo que sitúa la tasa de agresiones por número de profesionales en 11,43 casos por 1.000 profesionales, una cifra que se mantiene estable en los últimos tres años.
A nivel nacional no existe un registro que permita conocer año a año cómo evoluciona este problema en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y la última tasa disponible del conjunto de comunidades es del año 2011, cuando la media estatal era de 12,83 agresiones por 1.000 habitantes, por lo que Andalucía se encuentra en la actualidad por debajo de esa cifra seis años después.
Marina Álvarez ha insistido en que debe existir «tolerancia cero» frente a las agresiones y ha apelado a seguir trabajando conjuntamente entre todos en esta lucha.
