Firmado un convenio para identificar a víctimas de la Guerra Civil y bebés desaparecidos

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La Junta y la Universidad de Granada han firmado un convenio por el que se concretan las bases de colaboración para la identificación genética de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, entre los que se incluyen por primera vez los bebés desaparecidos y dados en adopción sin autorización.

El acuerdo suscrito completa el convenio marco rubricado en junio de 2016 entre la Junta y la Universidad de Granada y que permitió la puesta en marcha del Banco de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

En este caso, se concreta el plan de trabajo, cronograma de actuación y los recursos necesarios que permitan culminar los procesos de identificación genética en aquellos casos en que sea posible técnicamente. Para garantizar la suficiencia de recursos y el acometimiento de todos los trabajos, la dotación económica será de 1.087.500 euros, para cuatro años.

Gracias a este acuerdo se podrá llevar a cabo la entrega y recepción, tanto de las muestras de restos óseos humanos procedentes de las exhumaciones realizadas en Andalucía, como de las de los familiares de las víctimas, y para su posterior depósito, cotejo y entrega de resultados.

De la misma forma, y dando cumplimiento a lo establecido a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía,  se recabarán muestras genéticas de familiares que denuncian la sustracción y adopción sin autorización de bebés recién nacidos, para facilitar su identificación y localización.

El convenio coordinará las acciones de colaboración entre las partes implicadas:

  • los equipos técnicos encargados de la toma de muestras y su traslado a laboratorio
  • la Universidad de Granada para los medios técnicos y humanos que posibiliten el análisis
  • la Consejería de Salud, para la obtención de muestras biológicas a familiares a través de los centros de salud, y la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, para la coordinación de todo el proceso y también para garantizar, en el caso de las víctimas mortales, su identificación y entrega a los familiares para proporcionarles un entierro digno.

Sólo cuatro comunidades autónomas en España disponen de un Banco de ADN de víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista: Andalucía, Cataluña, País Vasco y Navarra. Este hecho refuerza a esta comunidad en una posición de vanguardia, no sólo en el desarrollo de intervenciones en fosas para la recuperación de las víctimas y la dignificación de su enterramiento -en torno a 50 en esta legislatura, con 480 cuerpos recuperados-, sino en los procesos conducentes a su identificación.

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