Casi 4.500 avisos al Teléfono de Notificaciones de Maltrato Infantil

Casi 4.500 avisos al Teléfono de Notificaciones de Maltrato Infantil

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La negligencia y las agresiones psicológicas y físicas copan el mayor número de los casi 4.500 avisos al Teléfono de Notificaciones de Maltrato Infantil, mientras que el Teléfono de Información a la Mujer recibió en 2017 más de 29.000 llamadas

El Teléfono de notificación de Maltrato Infantil (900 85 18 18) de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha recibido durante 2017 un total de 4.450 avisos de posibles situaciones de malos tratos. Este servicio gratuito de la Junta de Andalucía ha registrado 6.750 llamadas, un 3,6% más que en 2016, en las cuales, además de las notificaciones de posibles malos tratos, se solicitaba información sobre otras cuestiones relacionadas con los recursos sociales existentes para la atención a menores.

En cuanto al nivel de gravedad de las notificaciones registradas, el 68% alertaba sobre posibles casos de maltrato leve/moderado y el 32% restante, sobre posibles casos graves. Por provincias, Sevilla ha acumulado el mayor número de notificaciones (24,89%), seguida de Málaga (19,49), Granada (14,48), Cádiz (13,31%), Córdoba (7,74%), Almería (7,51%), Huelva (6,38%) y Jaén (5,46%). Por otra parte, se han tramitado seis notificaciones derivadas de llamadas realizadas por personas residentes en otras comunidades autónomas (0,19%) y 17 derivadas de llamadas de procedencia geográfica desconocida (0,55%).

La negligencia y abandono de las necesidades físicas y psicológicas básicas han sido las situaciones más comunicadas (35,64%), seguidas del maltrato psicológico/emocional (26,71) y el físico (23,58%).

En cuanto a la edad de los niños, niñas y adolescentes, el 36,7% tenía entre 0 y 5 años, el 33,3% entre 6 y 11, y el 24,5% entre 12 y 17. Respecto al sexo, 1.924 eran niños y 1.792 niñas, y se desconocía para 734 menores.

Tras la recepción de las llamadas, se sigue un protocolo de actuación en función de la valoración de su gravedad, notificando los hechos a los servicios sociales correspondientes. A partir de ese momento se inicia un proceso de investigación de las circunstancias sociofamiliares, a fin de movilizar los recursos necesarios que aseguren la integridad física y psicológica de los y las menores implicados y planificar la intervención profesional más adecuada.

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