La aprobación por parte del Comité Ejecutivo Nacional del PP de crear una comisión de Autonomía, Fiscalidad e Impuesto de Sucesiones, entre cuyos objetivos esta estudiar la reducción o supresión del tributo estatal cedido a las comunidades autónomas, es valorada muy positivamente por Asaja córdoba.

De esta forma, el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, considera que “esta propuesta debe materializarse de forma rápida, pues es un hecho de justicia que los andaluces tengan el mismo tratamiento que los ciudadanos de otras comunidades autónomas, lo cual favorecerá además el relevo generacional en el campo, la sucesión de empresas, y la actividad económica, por lo que es una reivindicación histórica de Asaja”.

Asimismo, Fernández de Mesa manifiesta que “solicita a todos los partidos políticos, especialmente al PSOE y a Cs, que apoyen la eliminación de este injusto impuesto en beneficio de los agricultores y ganaderos y de todos los ciudadanos andaluces”.

Asaja recuerda que la Junta de Andalucía pidió hace algunas semanas al Gobierno central que asumiera las competencias del injusto impuesto de sucesiones al no estar dispuesto el Gobierno andaluz a reducirlo a los niveles de comunidades autónomas como Madrid, a pesar de que este hecho hace que los ciudadanos andaluces sean de segunda clase en España.

Por ello, Asaja solicitó al Gobierno central que aceptara la petición de la Junta de Andalucía para que, de forma inmediata, tomara la decisión de que los andaluces, por fin, sean, por ejemplo, iguales que los madrileños, cuestión que con el acuerdo del Comité ejecutivo del PP parece que va por buen camino.

No obstante, el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, “pide a la Junta de Andalucía que recapacite y lo reduzca ella directamente, ya que sería la medida más rápida y beneficiosa para Andalucía y los andaluces”.

Fernández de Mesa destaca que esta carga va “en contra de la actividad económica y, además, es confiscatoria e injusta”. Considera que la Administración autonómica está imputando una riqueza irreal o inexistente por la que injustamente se tiene que tributar, vulnerando el principio de capacidad económica. Además, establece estimaciones en las valoraciones que nada tienen que ver con la realidad.

Asimismo, la eliminación de este impuesto supone traer una fiscalidad más moderna y con una mayor generación de actividad económica como se demuestra en la comunidad de Madrid, que cuenta con unas tasas mucho más reducidas en este concepto y recauda más que la Junta de Andalucía.

Fernández de Mesa dice que este es el impuesto de la “demagogia y la injusticia” porque, aunque es cierto que la Junta de Andalucía ha dado un pequeño paso adelante con la reforma que hizo en 2016, deja fuera la realidad de la inmensa mayoría de personas del sector agrario andaluz; y deja el patrimonio no agrario prácticamente igual de mal que antes, en un inexplicable agravio comparativo con otras comunidades autónomas que hace que los andaluces tengan peores derechos que cualquier otro español.

Por ello, considera que es fundamental la eliminación del mismo, y que haga que todos los españoles sean iguales ante la ley como así marca la Constitución Española.

El presidente de Asaja Córdoba indica que “su eliminación sería muy positiva para las explotaciones agrarias, para el impulso de la actividad económica de Andalucía y estaría muy bien valorado por los andaluces, que dejarían de ser ciudadanos de segunda clase en España”.

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