Andalucía ha ampliado del 7 al 10% el cupo reservado a personas con discapacidad en ofertas de empleo público y bolsas de trabajo temporal, según se regula en la nueva Ley andaluza de los derechos y la atención a las personas con discapacidad.

La norma ayudará a mejorar la calidad de vida de más de 720.000 personas y sus familiares, según ha destacado la titular de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en la clausura en Sevilla del Foro Inserta Responsable de la Fundación ONCE.

En el encuentro ha recalcado también la reserva por primera vez del 1% de plazas para personas con enfermedad mental y el 5% en los cursos de formación para el empleo organizados por la Administración andaluza. Este mismo porcentaje se aplicará a plazas destinadas a personas con discapacidad en el conjunto del Programa de Escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.

La consejera ha recordado que también se dan “importantes pasos” en el área de la contratación pública al reservarse el 5% del importe anual de la Junta, en las actividades que se determinen, a favor de los centros especiales de empleo (empresas que cuentan en su plantilla con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad). Asimismo, la ley establece una cláusula de desempate obligatoria a favor de las empresas con un mayor número de personas con discapacidad en plantilla, por encima de la reserva legal del 2%.

La Ley andaluza de los derechos y la atención a las personas con discapacidad, vigente desde el 24 de octubre último, cuenta con una ficha presupuestaria de 1.300 millones de euros para impulsar medidas que contribuyan a conseguir una “sociedad más inclusiva y accesible”, promoviendo la autonomía personal, la capacitación y el empoderamiento de las personas con discapacidad en la vida independiente y en la perspectiva de género, entre otras.

El Foro Inserta creado por la ONCE es una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita, compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas de Responsabilidad social de la empresa y discapacidad (RSE-D). Se configura como punto de encuentro para relevantes compañías del país en el que actualmente participan 26 empresas. En el ámbito autonómico, la ONCE forma parte de Comité de Entidades Representantes de las personas con discapacidad –CERMI Andalucía–, y es impulsora de todos los proyectos, convenios y pactos que se desarrollan en beneficio de las personas con discapacidad, como es el Pacto Andaluz por la Accesibilidad.

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha destinado a la Fundación ONCE entre 2012-2017 casi medio millón de euros para la atención a personas con sordoceguera. Además la consejería tiene suscrito un convenio de colaboración con la Fundación ONCE para la inclusión social de las personas con discapacidad en Andalucía.

En Andalucía hay 52.192 personas (28.359 mujeres y 23.833 hombres) que tienen reconocido un 33% o más de grado de discapacidad visual, según datos a 30 de junio de 2017 de los centros de valoración y orientación dependientes de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

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