Una vez que el edificio de la Audiencia provincial de Córdoba ha sido desalojado ante el traslado de sus funciones a las instalaciones de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, se prevé que en el edificio se ubique la Delegación del Gobierno y la Delegación territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, todo ello con un coste de 9,7 millones de euros en reformar el edificio, para su adaptación a sede administrativa, una vez que las dependencias judiciales se trasladen a la nueva Ciudad de la Justicia.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha señalado que, este mismo mes de junio, se licitará la redacción del proyecto para la adaptación del edificio a sede administrativa y, antes de final de año, se sacará a licitación la obra de reforma que, previsiblemente comenzará en el segundo semestre de 2018. El edificio, con su nuevo uso, estará disponible 18 meses después de quedar vacío. La obra de adaptación se realizará con una metodología BIM, de trabajo colaborativo para la gestión de proyectos de edificación y obra civil que permite reducir los plazos de construcción a la mitad de lo habitual. En este sentido, la consejera ha destacado que Córdoba se convertirá en «un referente de construcción pública«.
La titular de Hacienda ha agradecido el trabajo previo llevado a cabo por la Delegación del Gobierno con la Dirección General de Patrimonio, que ha permitido un «análisis exhaustivo de las necesidades existentes y posibilidades del edificio«. Asimismo, ha destacado que, «con esta inversión en obra civil, la Junta contribuye a impulsar el desarrollo económico, preocupación central del Gobierno andaluz». En este sentido, ha mostrado su confianza en que «los próximos presupuestos de la Junta permitan que la inversión pública sea una prioridad para el desarrollo económico».
Redistribución
Montero ha recordado que el edificio fue construido a principios de la década de los años setenta del siglo pasado, por lo que sus instalaciones y revestimientos están obsoletos y deben ser reemplazados por completo, además de que el cambio de uso implica una redistribución de la compartimentación y deberá adaptarse al Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación.
La previsión de la Junta es destinar las plantas sobre rasante a oficinas administrativas, con una superficie construida de 10.167 metros cuadrados, y ubicar en la planta baja los servicios generales, mientras que el sótano, con una superficie de 2.173 metros cuadrados, albergará los depósitos de archivo, almacenes de garaje y locales de instalaciones. Una vez en uso, el edificio podría albergar a 550 trabajadores de la Administración autonómica.
El Gobierno andaluz es titular del pleno dominio del inmueble situado en la Plaza de la Constitución. La parcela se ubica en la confluencia de la avenida del Aeropuerto y el Paseo Conde de Vallellano. El edificio tiene su acceso principal por la Plaza de la Constitución, consta de dos cuerpos de edificación; uno destinado actualmente a la Audiencia provincial con cuatro plantas y otro bloque destinado a juzgados, con siete plantas.
Montero ha destacado que al reunir en un único edificio la Delegación del Gobierno (con sus competencias adscritas de las Consejerías de Justicia e Interior y Hacienda y Administración Pública) y la de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, permitirá que «la ciudadanía pueda llevar a cabo varios actos administrativos en una misma sede».
