71,5 millones de euros son los que destinará el Gobierno Andaluz a la realización, a partir de este otoño, de 1.779 acciones de Formación Profesional para el Empleo (FPE), de las que podrán beneficiarse 26.685 personas desempleadas.
A esta oferta se sumarán en breve las correspondientes al programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo (50 millones de euros) y a las acciones formativas para trabajadores ocupados (20,6 millones), con lo que la previsión total superará los 142 millones.
La nueva convocatoria de acciones formativas para personas desempleadas se concretará en subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. A estas ayudas podrán optar las entidades acreditadas e inscritas en el Registro de Centros y Entidades colaboradoras de FPE de Andalucía que cuenten con los medios suficientes y adecuados.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez 10 días desde la publicación de la orden en el BOJA y podrá utilizarse el modelo del portal de la Junta de Andalucía. Una vez presentadas, el periodo máximo de resolución y publicación será de cuatro meses.
Los 71,5 millones de euros previstos se distribuirán entre las distintas provincias en función del porcentaje de personas inscritas como demandantes de empleo, primando el desarrollo de acciones formativas que permitan a los beneficiarios la obtención de certificados de profesionalidad con los que puedan hacer valer su cualificación en todo el territorio de la Unión Europea.
También se tendrán en cuenta las necesidades específicas de cualificación en cada territorio y las demandas de los empresarios, con especial atención a sectores productivos estratégicos para la economía andaluza, como el aeronáutico, el naval, la atención a la dependencia y las energías renovables.
Para poder participar en las acciones formativas, las personas interesadas deberán constar en alta como trabajadoras desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Tendrán prioridad en el acceso a los cursos las inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas desempleadas de larga duración, entre otras.
La nueva convocatoria incorpora criterios de baremación cuantificables que garantizan la concurrencia competitiva en el acceso a las subvenciones para la realización de cursos, además de la prohibición de subcontratar las acciones formativas.
También establece una única forma de pago, de manera que las entidades beneficiarias recibirán como anticipo un 25% de la subvención en el momento de la concesión de la misma, un 35% una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y el 40% restante tras la justificación total de la subvención concedida.
La concesión y los pagos de las ayudas estarán sometidos a las máximas garantías de control a través de un procedimiento de fiscalización previa cuyo diseño ha sido validado por la Intervención General de la Junta de Andalucía.
La justificación final se realizará mediante la presentación de la cuenta general de la actuación y el informe de un auditor (en el caso de las entidades locales se requerirá el certificado de los interventores de estas administraciones). Deberá presentarse en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de la programación establecida.